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Chile ha quebrado la Buena Fe básica para el Derecho Internacional con el Informe Isaza

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El estado chileno, a través de la Dibam (Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos) contrató al especialista colombiano Juan Luis Isaza Londoño para realizar el Estudio de Impacto Patrimonial del Sitio Mundial Área Histórica de la ciudad puerto de Valparaíso (en adelante EIP).

Texto de Arturo Michell

Ciudadano de Valparaíso

Isaza entregó un primer informe en noviembre de 2015. Pero en ese momento se adujo que era un borrador, y por eso no podía hacerse público, misma suerte que tendría el documento de enero del 2016, que corresponde al contrato original firmado entre la DIBAM y J.L.Isaza. Sólo se tuvo acceso a la tercera versión, de abril de ese año.

Entonces, hubo diversas gestiones para conocer el documento de enero del 2016.

Así, con fecha 4 de mayo de 2017, la Corte de Apelaciones de Santiago, dictó sentencia en los Reclamos de Ilegalidad Roles N° 6780-2016 y 7119-2016, presentados por la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV) y la Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos (DIBAM), respectivamente, en contra de la decisión C567-16, que acogió amparo en contra de la DIBAM, lo que significa para efectos prácticos lo siguiente:

¿Qué resolvió la Corte de Apelaciones?

La Corte resolvió rechazar los reclamos de ilegalidad deducidos, lo que significa que la DIBAM debió entregar “Copia de la versión final del Estudio de Impacto Patrimonial del Sitio Mundial Área Histórica de la ciudad puerto de Valparaíso (en adelante EIP), relacionado con los proyectos Terminal cerros de Valparaíso, TCVAL, y Mall Puerto Barón, MPB, realizado por Juan Luis Isaza Londoño, entregado por el consultor, y que obraba en poder de la DIBAM a la fecha de la solicitud.” (esto es, al 02 de febrero de 2016)

El Estudio de Impacto Patrimonial de Valparaíso, de enero del 2016, en la página 59 señala:

“En conclusión, los impactos negativos causados por los dos proyectos (Mall Barón y T2), se consideran muy altos de acuerdo a la metodología establecida, por lo que será importante determinar los pasos a seguir por parte del Estado chileno.

Claramente el sitio se enfrenta a un dilema por proyectos que generan impactos negativos e impactos positivos en igual medida. La priorización de estos dependerá del Estado chileno, sin embargo, desde el punto de vista patrimonial, cualquier proyecto que implique impactos muy altos debe de ser reevaluado o descartado”.

Ante este resultado, la DIBAM recurre a un nuevo contrato con J.L. Isaza con la finalidad de corregir sus conclusiones de ambos proyectos en el borde costero de Valparaíso.

El nuevo Estudio de Impacto Patrimonial, de abril del 2016, fue dado a conocer públicamente. Sólo que en el extracto antes citado aparece con cambios significativos:

“En conclusión, de acuerdo a la metodología establecida, los impactos negativos causados por los dos proyectos (Mall Barón y T2) se consideran muy altos para el caso del Terminal 2-TCVAL y leves para el caso de Puerto Barón, por lo que será importante determinar los pasos a seguir por parte del Estado chileno.

Claramente el Sitio se enfrenta a un dilema por proyectos que generan impactos negativos e impactos positivos en igual medida. La priorización de estos dependerá del Estado chileno; sin embargo, desde el punto de vista patrimonial, los impactos altos que generará el T2-TCVAL deben ser mitigados o compensados, según corresponda. El presente EIP considera que solamente existe la posibilidad de compensar”

El Estudio de Impacto Patrimonial de abril del 2016, sirvió de base al informe que entregó el Estado de Chile al Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO, para elaborar el Proyecto de Decisión 41COM 7b.60, el cual ha sido ampliamente rechazado por distintas organizaciones ciudadanas, incluido el administrador del sitio UNESCO.

La Buena Fe constituye un principio general del Derecho Internacional, tanto a nivel de los convenios y tratados internacionales, como asimismo la reiterada jurisprudencia de los tribunales supranacionales, y obliga a los Estados y otros sujetos de derecho internacional a comportarse en el cumplimiento de sus compromisos de manera honesta y leal –sin subterfugios y mala fe- ateniéndose tanto a la letra de los instrumentos como a la intención de las partes y a los fines, en este caso, resguardando un sitio mundial “Patrimonio de la Humanidad”.

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