Pese a la serie de reuniones que ha sostenido el Consejo de Rectores (Cruch) con las autoridades del Ministerio de Educación respecto al proyecto de educación superior, en el Cruch están molestos por la forma como se ha llevado la discusión de la iniciativa.
Ante esta situación, y la falta de conocimiento que alegan en el Cruch tienen sobre el contenido del proyecto, enviaron una carta al gobierno pidiendo el retraso del envío de la iniciativa al Congreso,la cual está programada para antes del 31 de enero.
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El vicepresidente ejecutivo del Consejo de Rectores, Aldo Valle, aseguró que si el Mineduc no cambia de parecer, el proyecto no contará con un importante apoyo social.
Desde el gobierno, el jefe de la División de Educación Superior, Francisco Martínez, indicó que notificarán de la petición a la Presidenta Michelle Bachelet.
Pero en media de esta incertidumbre del Cruch y la Confech, Radio Bío Bío tuvo acceso en exclusiva a la primera parte del anteproyecto de la educación superior, donde se abarca todo el tema de la nueva institucionalidad del sistema.
Entre los puntos más destacados del documento de 36 páginas, se establecen nuevas exigencias para la acreditación, la que estará en manos de una Agencia de la Calidad, haciendo obligatoria la certificación para todas instituciones. Junto con ello se aplicarían nuevas exigencias de probidad para los consejeros y pares evaluadores, esto con el fin de evitar conflictos de interés.
También, elimina la certificación por años, reemplazándola por cuatro niveles, que van desde la letra A a la D.
Para el caso de las instituciones que queden en el nivel D, no podrán aumentar sus vacantes, abrir nuevas sedes, ni impartir nuevas carreras o programas.
Para las que no acrediten, se nombrará un administrador provisional. En caso de no mejorar, podrían perder el reconocimiento oficial. Además, tampoco podrán aumentar sus vacantes, abrir nuevas sedes, carreras o programas.
En el caso de las universidades estatales que pierdan su certificación, éstas tendrán un trato distinto, ya que deberán presentar un plan de mejoramiento que será apoyado por la Subsecretaría de Educación Superior.
En cuanto a las carreras de pedagogía y medicina seguirá siendo obligatoria su acreditación. Sin embargo, de no certificarse, no podrán recibir nuevos alumnos y la Agencia abrirá un procedimiento especial para la acreditación, el cual si no lo pasan, llevará al cierre definitivo de la carrera.
Respecto de las agencias privadas, éstas ya no tendrán efectos legales y su rol será sólo simbólico, terminando con un importante negocio.
Sobre el marco regulatorio del lucro, se prohibirá el control de las corporaciones o fundaciones de parte de socieddaes comerciales. Se establece responsabilidad solidaria de los directores o miembros del órgano administrativo sobre las decisiones que hayan ejercido.
Sin embargo, no se prohibirán las operaciones con partes relacionadas, sino que sólo se regularán, estableciendo requisitos como que la aprobación sea de la mayoría de los directores independientes, dejar constancia en un acta, informar a la Superintendencia de Educación Superior y la abstención de los directores que tengan intereses involucrados.
