La Comisión de Derechos Humanos aprobó por unanimidad el proyecto que modifica un decreto del Mineduc para derogar la norma que permite la eliminación y destrucción de documentos por parte del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas, cada cinco años, en lugar de su envío al Archivo Nacional como el resto de las reparticiones públicas.

Según informa la página web de la Cámara Baja, el objetivo del proyecto es derogar una excepción adoptada en 1989, a través de la ley 18.771 durante la administración de Augusto Pinochet, meses después de efectuado el plebiscito que marcó el inicio del retorno a la democracia.

Para los autores del proyecto, los diputados Gabriel Boric y Tucapel Jiménez, esta norma ha facilitado la eliminación de documentación y archivos militares que “pudieron haber sido no sólo útiles, sino que indispensables para realizar y/o concretar investigaciones judiciales respecto de las violaciones de los derechos humanos por parte de militares y civiles en Dictadura”.

Al respecto, la modificación aprobada por la comisión también establece que todos los documentos que actualmente estén en posesión de las ramas y cuya antigüedad amerite su archivo, deben ser enviados en forma inmediata al Archivo Nacional.

Sobre su aprobación, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Raúl Saldívar, sostuvo que “es indudable que estos mismos archivos pueden ser de ayuda en algunas causas de derechos humanos y por ello consideramos justo que se tenga acceso a ellos”.

El parlamentario socialista indicó que “durante un largo período la legislación permitió la eliminación de documentación y archivos militares que pudieron haber sido no sólo útiles, sino que indispensables para concretar investigaciones judiciales respecto de las violaciones de los derechos humanos por parte de militares y civiles en dictadura”.

Por su parte, el diputado independiente, Felipe Kast, señaló que este proyecto busca tener hacia el futuro transparencia absoluta y no tener documentos oficiales que desaparezcan.

“Chile ha cambiado, Chile hacia el futuro quiere tener esas garantías y, por lo tanto, es un avance importante. No sabemos qué implicancias va a tener, pero es un mínimo en una democracia moderna que nos parece razonable y sano implementar”, afirmó el parlamentario.