La justicia definirá la polémica por los ilegales locales instalados alrededor del Mercado Central de Concepción. La Corte de Apelaciones tramita un recurso de la comerciante que pidió un pronunciamiento a Contraloría, del cual se desprendió la orden aún sin cumplir para que el municipio penquista desaloje a los locatarios.
Jovita González fue quien acudió a Contraloría para denunciar el funcionamiento de restaurantes y otro tipo de negocios afuera del Mercado Central penquista, los que se instalaron luego del incendio del establecimiento en abril del año pasado.
El organismo calificó como ilegales los locales e instruyó al alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, para que los retirara, lo que hasta ahora no se ha concretado, según explicó la mujer dueña de una tienda establecida que funciona cerca del mercado.
Ante esa respuesta es que Jovita González interpuso un recurso de protección, denunciando a la Contraloría por no fiscalizar el cumplimiento del dictamen que ordenaba desalojar el comercio ilegal alrededor del Mercado Central.
El contralor general Ramiro Mendoza aseguró el viernes en Concepción que el cumplimiento de los pronunciamientos del organismo están sujetos a fiscalización y que de ellos pueden desprenderse sumarios, en este caso en contra del alcalde de Concepción a quien se pidió la eliminación de los locales ilegales.
