Con al menos 20 testigos y 200 documentos, la Fiscalía pretende comprobar el delito de malversación de caudales públicos en el marco del caso de fraude a la Intendencia Regional de Valparaíso.

Los alegatos se iniciaron a las 09:30 horas de este viernes, mientras que la declaración de los acusados se aplazó para el jueves.

El juicio busca determinar la responsabilidad de Sergio Núñez, ex jefe de Finanzas de la Intendencia, y Enrique Kittsteiner, ex jefe de gabinete del intendente Raúl Celis, por la apropiación de recursos públicos a través del Fondo de Seguridad Ciudadana que otorgó dineros a la organización Valparaíso Joven con facturas falsas y proyectos no concretados. A lo anterior se suman $13 millones destinados a la revista editada por el Círculo de Prensa.

Añadió que el perjuicio estimado ascendería a los 150 millones de pesos.

Sin embargo, el fiscal aclaró que, en el caso particular de Núñez, se le imputó la presentación de un título falso para acceder a cargos públicos.

En tanto, el abogado Javier Rojas, que representa al Consejo de Defensa del Estado como parte querellante, afirmó que aún no se aclara el destino que se dio a los montos y que ninguno de los imputados en esta segunda arista del caso ha devuelto dineros. Añadió que a Sergio Núñez se le incautó un departamento en este contexto.

Rojas sostuvo que aspira a una pena de 15 años y un día para Núñez, mientras que para Kittsteiner espera una condena de 10 años y un día.

“El legislador observa que un funcionario público que se apropia de dineros que tiene a su cargo, es más reprochable la conducta y por eso establece mayores sanciones que lo que pudiese realizar respecto de un particular cualquier”, subrayó.

Por su parte el abogado de Sergio Núñez, Jaime Silva, aseguró que su cliente solo se remitió a seguir las instrucciones determinadas por el intendente Raúl Celis, lo que reafirmará durante el desarrollo del juicio.

“Acá hay un sistema de distribución de los fondos de Desarrollo Regional por un sistema de cuotas, en los cuales el intendente tenía un porcentaje de estos dineros para asignarlos a sus proyectos priorizados, así también los consejeros regionales. En definitiva estos proyectos no se ejecutaron porque desde un principio era conocido que estos dineros se iban a destinar al financiamiento de campañas políticas“, manifestó el defensor.