El Gobierno impulsará en 2015 una reforma al Código de Justicia Militar, donde buscará alejar de su competencia las causas que involucren a civiles y terminar definitivamente con la pena de muerte. Desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos señalaron que ésta es una deuda del Estado ante organismos internacionales.
El ministro secretario general de Gobierno, Álvaro Elizalde, comprometió la tramitación de la reforma, donde aparece como principal punto impedir que se procese en tribunales castrenses causas que involucren a civiles.
La reforma también contempla que la justicia militar no pueda tramitar delitos cometidos por oficiales de Carabineros, hecho valorado por el diputado de la Democracia Cristiana Roberto León.
El diputado UDI Jorge Ulloa manifestó que, según sus conversaciones, la medida contaría incluso con apoyo de las ramas castrenses, en la intención de fijar claramente las limitantes de la justicia militar.
La directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fríes, señaló a nuestro medio asociado CNN Chile que esta reforma es una deuda del Estado chileno, incluso ante dos sanciones de organismos internacionales.
Sin embargo, para el abogado Alberto Espinosa, defensor del ex frentista Galvarino Apablaza, la solución pasaría por eliminar la justicia militar.
Otro de los puntos contenidos en esta reforma sería la eliminación total de la pena de muerte en el país, la que hasta el momento se aplica sólo en tiempos de guerra ante casos de militares declarados culpables de traición, espionaje o sublevación en presencia del enemigo.
