Versiones contrapuestas fueron entregadas respecto del cuestionado decreto lanzado por el Ministerio de Vivienda y que según fue denunciado en un recurso de protección, impediría a miles de familias de clase media acceder a un subsidio creado durante la primera administración de Michelle Bachelet.
Fueron el diputado Cristian Campos y el alcalde de Talcahuano, Gastón Saavedra, quienes alertaron de la situación, advirtiendo que la disposición estaba siendo aplicada por el Minvu sin que fuera aprobada por la Contraloría y menos publicada en el Diario Oficial. Lo hicieron a través de un recurso de protección, el que está siendo tramitado por la Corte de Apelaciones de Concepción.
Al respecto, el director del Serviu en el Bío Bío, Francisco Merino, aseguró que la aplicación del decreto fue suspendida y que por lo tanto quienes pudieran haberse visto afectados podían postular nuevamente al subsidio para la reparación de vivienda.
Ante esta situación, agregó el director del Serviu, el recurso de protección ya no tendría sentido. Sin embargo, el abogado Antoine Peñaloza, patrocinador de la acción cautelar, señaló que seguirán hasta un fallo del tribunal de alzada.
Y es que a través de un e-mail recibido desde el Minvu -dijo el profesional- se entiende que los requisitos que dejan fuera del subsidio a miles de personas aún se mantienen.
La suspensión informada por el Serviu se habría desprendido de conversaciones entre el ministerio y la subsecretaría de Vivienda con el diputado Campos, quien las confirmó, aunque puntualizó que el objetivo es dejar sin efecto el decreto, y que ello será impulsado por el próximo gobierno.
La acción legal continúa en trámite en la Corte penquista, que ya ha recibido los descargos de Vivienda, esperándose un informe de la Contraloría antes de que se proceda a la vista del recurso y se dicte el fallo.
