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Senado aprueba proyecto que incrementa asignación de mejoramiento de la gestión municipal

Pablo Ovalle | Agencia UNO
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Por 35 votos a favor, la Sala del Senado aprobó esta tarde el proyecto de ley, iniciado en mensaje que homologa la asignación de mejoramiento de la gestión municipal con la asignación de modernización de la administración pública, iniciativa considerada en el protocolo de acuerdo que puso término al paro de actividades de los funcionarios municipales.

La iniciativa fue despachada a la Cámara de Diputados donde deberá cumplir su segundo trámite legislativo.

El ministro del Interior, Andrés Chadwick explicó que la propuesta busca equiparar el monto de la asignación que se cancela por el Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG). Indicó que esto requiere 120 millones de dólares, fondos que deberán provenir del presupuesto de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere).

El presidente de la Comisión de Hacienda, senador Andrés Zaldívar, explicó los alcances de la iniciativa, en el marco del acuerdo que se suscribieron con el Gobierno, los gremios municipales y la Asociación Chilena de Municipalidades.

Indicó que los funcionarios municipales actualmente reciben un 10% de la asignación del PGM, monto que se pretende igualar con la asignación de modernización (Ley N° 19.553), alcanzando entonces un 30,6% de las remuneraciones.

El senador independiente Carlos Bianchi aprovechó la ocasión para rendir un homenaje a estos trabajadores, en particular, felicitó a los dirigentes gremiales que encabezaron la paralización. Comentó que estos trabajadores han sido considerados “el patio trasero de la administración pública”, por lo que habría llegado la hora de “dignificar esta función”.

A su turno, el senador Eugenio Tuma (PPD) recordó que “los municipios son la cara del Estado más cercana a la gente”, relevando la importancia de mejorar las condiciones laborales de un sector que “ha sido maltratado por el mismo Estado”. Así valoró el acuerdo pero lamentó la tardanza con que se acercaron posiciones, en desmedro de la comunidad en general y de los propios funcionarios movilizados.

Luego, el senador Hernán Larraín (UDI) apuntó a las demandas pendientes. Mencionó así la necesidad de implementar una LOC de municipios que permita definir con claridad las plantas y asignaciones, como también el hecho de regular los procesos de negociación en el mundo público. “Hemos visto como estas movilizaciones siguen caminos distintos y los turnos éticos no resuelven los requerimientos, por eso necesitamos legislar respecto al derecho de huelga, por ejemplo”.

La senadora Isabel Allende (PS) calificó como prioritario definir la propuesta financiera que resolverá el problema previsional, junto con mencionar la dispar situación que viven diversos municipios. “A estas unidades les hemos dado nuevas funciones pero no siempre el financiamiento necesario para operar. Llegó la hora de abordar la realidad municipal como un tema país”.

El senador Baldo Prokurica (RN) reconoció que la iniciativa en trámite no resuelve todas las demandas de estos trabajadores, pero hizo un llamado a valorar los pasos que ha dado la actual administración por mejorar esta realidad. Al respecto enumeró la ley que modifica la escala de sueldos base del sector y aquella que otorga a las municipalidades una bonificación al retiro voluntario.

Mientras, el senador Víctor Pérez (UDI) estimó como obvia esta homologación, puesto que “es una aspiración que se ha venido arrastrando por años”. Consignó así que en los años 2008 y 2009 se efectuaron paralizaciones similares a la reciente, como una forma de visibilizar las deficiencias con las que viven a diario tratando de responder a las necesidades de los vecinos.

El senador Alejandro Navarro (MAS) criticó aquellos aspectos que no se encuentran contemplados en el proyecto, garantizando que las mesas tripartitas que se conformarán para zanjar lo previsional y las plantas profesionales, “raramente cumplen su cometido”. Indicó que el Gobierno está traspasando su responsabilidad de destrabar el conflicto a la siguiente administración. También aseguró que no existe una ley que permita a los municipios regularizar sus plantas aun cuando cuenten con recursos para ello.

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