Este viernes por más de una hora y media estuvieron reunidos con el Contralor General de la República, Ramiro Mendoza, los diputados comunistas Guillermo Teillier y Lautaro Carmona, además del parlamentario de la Izquierda Cristiana, Sergio Aguiló.

La finalidad de la cita fue revisar el informe de la Contraloría donde fueron revelados al menos tres mil postulantes al beneficio de exonerados políticos, quienes carecían de los requisitos legales para acceder a las pensiones.

Tras la reunión, el diputado Aguiló afirmó que Mendoza les aclaró cuatro puntos sobre el informe. El primero era que “no hay falsos exonerados, segundo que el Presidente, de acuerdo a ley, tenía las facultades para calificar los exonerados políticos”.

Además, de manera textual el Contralor habría señalado que detectaron “faltas administrativas en el otorgamiento del beneficio” y remató que “nosotros no somos responsables de la campaña que el Gobierno ha hecho de acuerdo a este informe”.

El comunista Lautaro Carmona añadió que Ramiro Mendoza descartó la existencia de ilícitos penales, puesto que “de lo contrario la Contraloría remite los antecedentes al órgano persecutor correspondiente y al Consejo de Defensa del Estado”.

En esa línea el parlamentario remarcó que en La Moneda “están inventando”, continuando que “son todas patrañas engañosas a la opinión pública”.

El presidente del partido comunista, Guillermo Teillier aseguró que el problema de fondo del caso es que el Gobierno está empeñado en perjudicar la candidatura de Michelle Bachelet.

Durante esta tarde los diputados ingresarán un oficio en la Contraloría para que el ente fiscalizador aclare de manera formal que no existen falsos exonerados políticos.

Además, los parlamentarios aseguraron que están estudiando las facultades fiscalizadoras de la Cámara de Diputados contra la ministra Evelyn Matthei y el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, incluso apuntaron que “no excluimos la acusación constitucional contra aquellos ministros que descaradamente han utilizado un informe de la Contraloría para una cacería de brujas”.