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Alertan posible desplazamiento forzado de familias víctimas de conflicto armado en Colombia

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La Defensoría del Pueblo de Colombia alertó este viernes sobre un posible desplazamiento forzado de familias víctimas del conflicto armado, que fueron reubicadas en una zona del departamento (provincia) colombiano de Meta, en donde en el último mes, han sido asesinadas 11 personas.

“La presencia de grupos armados ilegales en algunos municipios del Meta, se ha materializado en presiones y amenazas contra las comunidades de la zona rural y urbana, y de manera particular contra las trabajadoras sexuales, las personas fármaco dependientes, los líderes sociales, la población campesina y los desplazados”, precisó la Defensoría en un comunicado.

Según el organismo, las presiones para que esas comunidades abandonen la zona, ubicada entre los municipios de Puerto López y Puerto Gaitán (Meta, sureste), se atribuyen a un grupo armado ilegal autodenominado Libertadores del Vichada.

En la denuncia, la Defensoría señala también que “ha recibido información relacionada con la muerte violenta de 11 habitantes de la zona durante el mes de septiembre de 2012, en la modalidad de sicariato”.

La Defensoría agregó que también conoció de seis eventos de “desplazamiento forzado en Puerto López, entre el 6 y el 20 de septiembre, que afectaron a cinco familias, cuyos miembros venían ejerciendo labores de liderazgo social a través de la juntas de acción comunal y algunas de ellas eran beneficiaras de programas de reubicación”.

Igualmente, dijo que “ha conocido que a raíz de los homicidios, amenazas y presiones armadas presuntamente adelantadas por el grupo Libertadores del Vichada, persiste el riesgo de desplazamiento masivo de un gran número de familias reubicadas” por el gobierno.

El gobierno del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, impulsó el año pasado una ley de restitución de tierras que persigue devolver, antes del fin de su presidencia en 2014, unos dos millones de hectáreas a cerca de 400.000 familias que se calcula que fueron desplazadas por la fuerza en Colombia desde 1991.

Sin embargo, las autoridades y las ONG vienen denunciando que grupos de bandas criminales, integradas por antiguos paramilitares de extrema derecha, presionan a las familias reubicadas para que abandonen los predios, o en su defecto para que no puedan acceder a las tierras adjudicadas.

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