Abogados de la Defensoría Penal Pública (DPP) asumieron este miércoles la representación legal de funcionarios de Gendarmería en servicio y ex oficiales, ante la próxima formalización que se realizará en 11° Juzgado de Garantía de Santiago, por su presunta participación en los hechos que derivaron en el incendio que afectó a la cárcel de San Miguel, donde fallecieron 81 internos.

Los funcionarios del servicio de prisiones designaron a seis defensores penales públicos de la Defensoría Regional Metropolitana Sur, como sus patrocinantes en el caso.

La decisión fue oficializada, luego que el ex director regional Carlos Bustos y el ex alcaide de San Miguel, Segundo Sanzana, así como los oficiales Jaime San Martín, Patricio Campos y José Hormazábal firmaran los documentos de patrocinio y poder en el 11° Juzgado de Garantía de Santiago.

La Defensoría Regional Metropolitana Sur designó como abogados defensores de los futuros imputados, a los profesionales de la defensoría local de San Miguel: Viviana Castel (Carlos Bustos), Vladimir Dloughy (Jaime San Martín), Cristián Sleman (Segundo Sanzana); Viviana Hinostroza (Patricio Campos) y Alejandro Viada (José Hormazabal).

A estos se suma el abogado defensor Juan Pablo Gómez quien representará a los vigilantes Fernando Orrego y Francisco Riquelme.

La primera actuación judicial de los defensores será representar los intereses de sus defendidos en la próxima audiencia de cautela de garantía, que está fijada para el 4 de marzo, en dependencias del 11° Juzgado de Garantía de Santiago.