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FARC cree que partidos deben asumir responsabilidad en conflicto para lograr reconciliación‎

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El líder de la guerrilla de las FARC, Alfonso Cano, pidió este viernes a los partidos políticos colombianos reconocer “su responsabilidad” en el inicio del conflicto interno, en aras de desatar un “proceso de reconciliación basado en la verdad”.

En un mensaje divulgado por la agencia de noticias Anncol (www.anncol.eu), el jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) hizo la declaración a propósito de dos proyectos de ley que se debaten en el Congreso, de reparación a las víctimas del conflicto interno y de restitución de tierras.

“Ambos temas necesitan de bases ciertas y manejos serios si (el gobierno) pretende contribuir de verdad a la solución del conflicto”, dijo Cano.

El líder rebelde señaló que en la reparación a las víctimas “el punto de partida debe ser un reconocimiento de los partidos políticos tradicionales de su responsabilidad en el inicio de la confrontación armada”.

“Ese reconocimiento desataría inmediatamente un proceso de reconciliación basado en la verdad”, enfatizó Cano, en un inusual discurso donde primó un mensaje político al tradicional discurso belicista.

Cano, que asumió la dirección de las FARC tras la muerte de su fundador Manuel Marulanda (‘Tirofijo’) en 2008, dijo sin embargo desconfiar de que los actuales congresistas aprueben unas leyes que favorezcan a las víctimas del conflicto que padece el país desde hace medio siglo.

“En estos proyectos deben participar sectores afectados, el pueblo que ha sentido en carne propia la violencia del latifundio… Sería iluso pensar que un parlamento como el actual, de representación narco paramilitar vaya a sacar adelante una ley que favorezca a sectores populares”, señaló.

La Cámara de Representantes aprobó en diciembre las leyes de reparación a las víctimas del conflicto armado y de restitución de tierras a los desplazados, que este año deben ser votadas en el Senado.

Estas leyes reconocen de igual manera a las víctimas de paramilitares, narcotraficantes, guerrillas y agentes del Estado desde 1991, y se calcula que beneficiará a cerca de 4 millones de personas. Además, consagra la devolución de tierras a campesinos despojados de ellas por grupos ilegales.

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