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Organización jesuita acusa a gobierno ecuatoriano de alentar xenofobia

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El Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes acusó al gobierno ecuatoriano de alentar la xenofobia mediante una política que ha derivado en capturas y deportaciones arbitrarias de colombianos, cubanos y peruanos, según un declaración conocida este martes por la AFP.

El texto, suscrito además por la Defensoría del Pueblo y la Coalición por las Migraciones y el Refugio, denunció que como parte de una política contra la delincuencia el gobierno “implementó el Plan Operativo Identidad en el cual fueron detenidos decenas” de ciudadanos de esas nacionalidades.

Los arrestos involucran incluso a personas con estatus de refugiados y en situación migratoria regular, señaló el comunicado.

Agregó que aunque el ministerio de Interior admitió considerar una “eventual suspensión de las deportaciones y apertura de un proceso de regularización, esas medidas no han sido adoptadas” y los atropellos continúan.

“Estas medidas fomentan la discriminación y la xenofobia y la proliferación de las redes de trata de personas y extorsión por parte de quienes ejecutan estos operativos”, subrayó el documento.

Los denunciantes indicaron que las detenciones se efectúan en barrios donde viven los inmigrantes, centros comerciales, lugares de trabajo y en dependencias públicas donde realizan trámites de regularización, a veces “mediante engaños”.

Los afectados son llevados a “centros de detención donde permanecen más de dos meses en condiciones de hacinamiento infrahumanas, manteniendo a hombres y mujeres en los mismos espacios”, incomunicados, sin asistencia jurídica y bajo maltrato sicológico de la Policía, subrayó la declaración.

Las asociaciones manifestaron que esta política viola el principio constitucional de libre movilidad, además de contradecir pedidos del gobierno sobre respeto para sus ciudadanos en el exterior y el rechazo a medidas represivas como la ley antiinmigración de Arizona (EEUU).

“Exigimos la liberación de las personas detenidas, la suspensión de los procesos de deportación y un proceso de regularización”, precisó el comunicado.

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