Con la consigna de no agachar la cabeza y a pesar de que cientos de sus compañeros no pudieron llegar por bloqueos policiales, unos mil aborígenes y campesinos marcharon el jueves en Quito con la intención de volver a sitiar el Congreso dentro de su lucha por el agua.

“Como decía mama Dolores, ¡vamos sin agachar la cabeza, carajo! Siempre por el mismo camino”, arengó un dirigente indígena a los “compas” (compañeros) poco antes de la marcha pacífica que intentó rodear la Asamblea, que debate un proyecto oficial de ley para regular el manejo del agua.

El nativo retomó la afirmación de la fallecida líder indígena Dolores Cacuango para levantar el ánimo de los manifestantes en el parque El Arbolito, vecino al Parlamento, donde los aborígenes se concentran para protestar en la capital como en 1997 y 2000, cuando participaron en los derrocamientos de los presidentes Abdalá Bucaram y Jamil Mahuad, respectivamente.

La legislatura, controlada por el oficialismo de izquierda, está acordonada por la Policía desde que fuera sitiada el 4 de mayo por el movimiento indígena, que rechaza el proyecto alegando que perderá el control de las fuentes hídricas en sus territorios y que la legislación favorecería a mineras y empresas embotelladoras. El gobierno lo niega.

En El Arbolito y bajo lemas como “El agua vale más que el oro”, miembros de la Fenocin, que agrupa a aborígenes y negros, se prepararon para la marcha, la cual estuvo encabezada por un asno cobijado con la bandera verde del oficialista movimiento País.

Antes de la partida, las arengas incluyeron llamados a la paz. “Pedimos sensibilidad a la Policía (para evitar choques). El pueblo es soberano”, señaló uno de los organizadores.

Ondeando banderas de grupos indígenas, los manifestantes desfilaron frente a los piquetes de uniformados coreando “El agua no se vende, el agua se defiende” y “Abajo la dictadura de Correa”.

Los nativos consideran un “traidor” al mandatario socialista, Rafael Correa, cuyo gobierno impulsa el proyecto de ley sobre agua, además de la explotación de minerales a cielo abierto y petróleo en tierras que los aborígenes consideran suyas.

“No pueden pasar”, se limitó a decir un oficial de la Policía, mientras que una mujer expresó su simpatía con los manifestantes, afirmando que “gracias a Dios los indígenas nos defienden de este gobierno malvado”.

Durante el recorrido, el presidente de la Fenocin, Luis Andrango, dijo a la AFP: “nuestra lucha será hasta que el agua se desprivatice, se garantice la conservación y preservación de las fuentes hídricas y se incluya la verdadera participación de los sectores sociales en la gestión pública” del recurso.

“Hace falta un sistema que garantice que los usuarios, los campesinos, los consumidores puedan tener representación en los espacios de definición política”, agregó.

Andrango anotó que las petroleras, mineras y agroexportadores controlan y contaminan un 80% del agua en Ecuador.

Para la Ecuarunari, otra de las organizaciones de aborígenes que rechazan el proyecto de ley, un 80% de pequeños campesinos y regantes apenas tienen acceso a 12% del caudal de agua en el país, donde hay unos 40.000 conflictos, varios en instancias judiciales, por ese recurso.