Ante la emergencia que viven cientos de familias que debieron ser evacuadas por graves fallas estructurales en sus edificios y casas, el director del Servicio Nacional del Consumidor, José Roa, afirmó en una entrevista a Radio Bío-Bío que la ley obliga a las inmobiliarias a pagar el daño causado en las viviendas.
Roa aseguró que ni la ley ni los seguros hacen la diferencia entre sismos y terremotos, sino que sólo establecen el cumplimiento del derecho legal de garantía de las viviendas.
Esta norma establece 10 años de garantía después de la construcción para temas estructurales, 5 para instalaciones y 3 años por terminaciones, por lo tanto, obliga a las empresas constructoras a responder por los daños cusados.
Roa agregó que es importante la opinión de terceros para verificar la magnitud del daño y si es posible o no continuar viviendo allí.