El fiscal del Caso Tsunami salió a justificar la decisión de lograr un acuerdo con los seis imputados para evitar un juicio oral por la fallida alerta de maremoto del 27F, que significó la muerte de 105 personas a lo largo del país.

Duros cuestionamientos ha debido enfrentar el fiscal regional Metropolitano Occidente, José Luis Pérez, luego de acordar con los formalizados la suspensión condicional del procedimiento, a cambio de disculpas públicas y una indemnización de $235 millones, es decir, cada uno de los querellantes recibiría $2.250.615 por la muerte de sus familiares.

Al respecto, el persecutor reconoció que esta alternativa no deja conforme a los familiares de las víctimas por la fallida alerta de tsunami esa madrugada del 27 de febrero de 2010.

“Está claro que esta salida no es satisfactoria para las víctimas, en los términos que un acuerdo entre víctima e imputado es una salida intermedia, no es condenatoria, no es una reparación completa de la víctima, es una salida intermedia”, señaló el fiscal Pérez.

Asimismo, afirmó que este acuerdo sirve para evitar una “revictimización” de los querellantes, tomando en cuenta que un eventual juicio oral se extendería por casi un año más.

“En un caso como este exponer a las víctimas a largos periodos, meses declarando, era hacerles revivir un drama, ya lo vieron cuando declararon muchas personas, lo dolidas que estaban con la situación, la mayoría responsabilizaba al Estado por su desgracia”, aclaró.

En ese sentido, aclaró que el rol del Ministerio Público se habría cumplido al lograr “levantar cargos” en contra de las autoridades de emergencia de la época.

“El hecho de que el Ministerio Público haya acusado a estas personas significa que para el Ministerio Público estas personas tenían una responsabilidad, hasta ahí llega la responsabilidad del Ministerio Público que es levantar cargos, el Ministerio Público levantó cargos respecto de estas personas, los acusó”, aseguró.