Sociedades ligadas al ex presidente Sebastián Piñera generaron un perjuicio fiscal de más de 120 millones de pesos por la extensión de boletas ideológicamente falsas a SQM, según un informe del SII. En tanto, el Ministerio Público citó a ejecutivos de LAN, Banco de Chile y Copec para que aclaren los criterios que tomaron sus directorios, en el financiamiento de campañas políticas de 2013.
Las sociedades Bancard y Vox Populi, ligadas al ex mandatario habrían generado una pérdida fiscal 128 millones de pesos entre 2009 y 2010, por la extensión de boletas ideológicamente falsas a SQM, según determinó un documento emitido por el Departamento de Delitos Tributarios del Servicio de Impuestos Internos.
En Bancard se revisaron 16 facturas con un monto total de 340 millones de pesos; y en el caso de Vox Populi, cinco facturas por un total de 26 millones de pesos. Sin embargo, en la documentación entregada por las empresas a cargo de sus representantes legales, Nicolás Noguera y Santiago Valdés, no hay ningún respaldo que ratifique que estos servicios fueros prestados a la minera, según indicó el análisis.
Al igual que en las aristas de Penta- SQM y Corpesca, estos antecedentes configurarían delitos tributarios, contenidos en el artículo 97 del Código Tributario, en la hipótesis de facilitación de facturas falsas o de rebajar indebidamente impuestos a través de éstas, según explicó Carlos Hidalgo, abogado de Ciudadano Inteligente y querellante en el caso Penta.
Sin embargo, Hidalgo dice que es necesario que los antecedentes se plasmen en una querella de parte de Servicio de Impuestos Internos, dirigido a una persona determinada o a quienes resulten responsables.
Tras el informe que entregó el Servicio Electoral respecto del aporte de empresas a campañas políticas, y según los registros internos de Falabella, Endesa y Enersis entre otras, el Tribunal de Garantía citó a tres ejecutivos de Copec, Banco de Chile y Lan.
Esto a raíz de la acusación del accionista minoritario Óscar Gajardo, a diez empresas por acusación indebida parte de del para financiar campañas políticas en 2013.
Bárbara Salinas, abogada querellante de la causa, espera que se esclarezca cómo se fijan los aportes a campañas políticas al interior de éstos directorios empresariales.
El fiscal de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte, Jaime Retamal, será el encargado de tomar las declaraciones de los ejecutivos, que se concretarán durante las próximas días.
