El actual presidente de las sociedades Cascadas y ex consejero de la Corporación de Fomento de la Producción, Rafael Guilisasti, sí conoció la estrategia judicial con la cual el organismo público enfrentaría a SQM Salar por incumplimientos en la explotación del Salar de Atacama.

El litigio apunta al reclamo de Corfo contra la filial de Soquimich porque no pagó “en forma íntegra y oportuna” US$8.940.829 en rentas trimestrales desde 2009, correspondiente a más de 28 mil pertenencias mineras.

Por este motivo, la entidad preparó acciones en contra de SQM Salar. En este marco Rafael Guilisasti, quien se desempeñaba de consejero de la corporación, renunció el 3 de septiembre a ese cargo argumentando “razones personales” e incompatibilidad con las labores que desempeñaría en el sector privado.

El 14 del mismo mes, Guilisasti asumió como presidente de las sociedades cascadas -Norte Grande, Pampa Calichera y Oro Blanco- en reemplazo de Julio Ponce Lerou, controlador de SQM cuestionado por el financiamiento ilegal a campañas políticas.

Este nuevo puesto le costó a Rafael Guilisasti una serie de críticas por el presunto conocimiento que tendría de las acciones que emprendería la Corfo contra SQM Salar, aunque éste descartó haber estado enterado de las medidas que adoptaría la corporación.

Según detalló T13, Guilisasti participó en cuatro de las seis sesiones que el Consejo Directivo desarrolló hasta el 17 de agosto donde se aludió a la estrategia judicial en torno al proceso contra la minera no metálica.

Si bien parte del contenido de las actas se encuentran bajo reserva, queda en evidencia que el caso sí fue detallado en dichas instancias, y que solo en una de las reuniones donde se trató el tema Guilisasti no estuvo presente.

En esas sesiones, según la propia Corfo, “se expone a los miembros del Consejo, entre otros temas, la situación legal y estrategia judicial de Corfo en el proceso de arbitraje seguido contra SQM Salar”.

Los terrenos en cuestión representan hasta el 75% de las ventas locales de SQM, y Corfo rechazó una propuesta de conciliación por 17 millones de dólares y la modificación del acuerdo signado entre ambas partes en 1993.