Una resolución de Contraloría paralizó todo proyecto de extracción de árena en la ribera del río Bío Bío, en el sector aledaño a la avenida Pedro Aguirre Cerda y al camino a Santa Juana en la comuna de San Pedro de la Paz, por ser considerada una zona residencial en el Plan Regulador.

Hace tres meses vecinos del sector sampedrino ubicado en el camino a Santa Juana realizaron una movilización contra el funcionamiento de la arenera Sierra Leona, la que había obtenido autorización de la municipalidad para realizar las faenas en el kilómetro 0,8 de la Ruta de la Madera.

El principal argumento de la oposición vecinal era que el alcalde Audito Retamal había dado luz verde a una industria de extracción de áridos en una zona residencial, por lo que pidieron al órgano contralor un pronunciamiento.

Las acciones de los residentes del área, no obstante, tuvieron efecto antes de que la Contraloría informara del asunto, al retirar el municipio de San Pedro de la Paz la autorización a Sierra Leona, con lo que el proyecto fue retirado.

La contralora regional Gloria Briones, sin embargo, emitió este lunes la respuesta a los vecinos, en la que se les da la razón y se señala que efectivamente el sector de la avenida Pedro Aguirre Cerda y del camino al Recodo es una zona residencial.

Textualmente, el organismo señala que “de acuerdo al Plan Regulador Comunal de la Municipalidad de San Pedro de la Paz, las labores a desarrollarse (en el kilómetro 0,8) están emplazadas en la zona ZH-1, zona residencial, que no permite el desarrollo de actividades productivas como las de la especie, razón por la cual, en lo sucesivo, esa autoridad comunal deberá abstenerse de otorgar los permisos analizados en dicha área”.

Así, implícitamente, la Contraloría cuestiona otra solicitud de extracción de arenas, la del empresario Carlos Avello, en un área ribereña que se ubica detrás de la iglesia La Candelaria en San Pedro Viejo.

La empresa, que busca extraer 170 mil metros cúbicos de arena al año, ingresó el proyecto en marzo pasado al Servicio de Evaluación Ambiental y actualmente los representantes responden las observaciones realizadas por las distintas oficinas públicas.

Sin embargo, se indicó desde el SEA que lo más probable es que si el municipio informa de la resolución de la Contraloría, el Estudio de Impacto Ambiental debería ser paralizado.