Tras instalarse en el poder con la fuerza de las armas y del aparataje estatal, los militares y civiles que derrocaron a Salvador Allende comenzaron a implementar una completa revolución política en el país.
Esta base institucional instalada con sangre y fuego se mantiene en gran parte hasta hoy, siendo el pilar de la actual economía -pujante y desigual- y de la administración de las necesidades fundamentales en la vida de los chilenos, como educación y salud.
Con el asalto militar a La Moneda el 11 de septiembre de 1973, lo civiles que marchaban tras los militares comenzaron una ofensiva para borrar el avance socialista de la Unidad Popular, e instalar un modelo económico neoliberal apuntando a la privatización.
Todo ello comenzando con una nueva Constitución Política aceptada hasta hoy.
Constitución de 1980
Desde 1973 se creó la “Comisión Ortuzar” liderada por Jaime Guzmán y que hacia 1978 entregó un borrador del documento constituyente, el que fue pulido por la Junta Militar y aprobado por un plebiscito. Una consulta popular calificada de “fraude”, según los últimos antecedentes aportados por “El Mocito” de la DINA.
La carta fundamental fue asumida y aprovechada por el conglomerado opositor que impulsó la transición y que una vez llegada la democracia, sólo ha hecho leves modificaciones.
Economía de libre mercado
Se dice que Chile fue “el laboratorio” del neoliberalismo. Un modelo que llegó junto con la Dictadura a “sanear” la economía centralizada que dejó el proyecto socialista, gracias a ideas importadas desde Estados Unidos por los llamados “Chicago Boys”.
Entre las principales medidas, se liberó el mercado con una abrupta rebaja arancelaria, permitiendo la instalación en el país de grandes empresas extranjeras; se recortó el gasto público y se fijaron incentivos a la inversión; se privatizaron empresas y se retrocedió en la nacionalización del cobre.
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Sistema electoral binominal
El sistema electoral diseñado en la Constitución permitió que hacia 1988 se modificara la Ley Orgánica de elecciones para impedir la proliferación de colectividades políticas y asegurar una estabilidad con grandes coaliciones disputando el gobierno. La Dictadura buscaba con ello asegurar la continuidad política en manos de RN y la UDI, pero de paso entregó a la naciente Concertación una mayor facilidad de hacerse con el poder.
Hoy los cuestionamientos al sistema han llegado incluso a sectores de la Concertación -tras 20 años en La Moneda- criticando la exclusión de independientes y sectores de izquierda en el parlamento. Desde la derecha continúan defendiendo la gobernabilidad que -a su juicio- otorga el binominal.
Salud
En línea con las privatizaciones, se abrió la participación a privados en la entrega de salud a los chilenos, junto con entregar a las municipalidades la administración de la atención primaria desde 1981.
En 1980 se crea Fonasa y al año siguiente las Instituciones de Salud Previsional privadas (Isapre), las que comienzan a captar las cotizaciones obligatorias de los trabajadores, con planes y valores fijados en el libre mercado.
Previsión
El ahorro de los chilenos para su vejez pasó de un sistema de reparto entre trabajadores a uno individual y sometido a los vaivenes de la bolsa: las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
Los creadores de este sistema privado afirmaron que ahora el propio trabajador será responsable de su pensión, de acuerdo a lo que pueda ahorrar de forma individual y sus propias decisiones a la hora de elegir administradora y tipo de fondo.
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Educación
Argumentando un excesivo gasto del Estado, la administración de Pinochet entregó incentivos a los nuevos establecimientos privados, dejando además las escuelas y liceos públicos en manos de los municipios.
En educación superior, mientras se ejercía un férreo control armado por las crecientes protestas, Jaime Guzmán resumía la nueva política en Revista Realidad de marzo del ’81: “las actuales universidades estarán abiertas a la competencia por la captación de alumnos, frente a nuevas universidades o a otros institutos de educación superior que se puedan formar”.
Guzmán sepultó a la vez la gratuidad, pues a su juicio “implicó que muchos chilenos de menores recursos financiaran la formación profesional de personas de ingresos más elevados, que en numerosos casos estaban en condiciones de pagar sus estudios”.
Trabajo
El Plan Laboral de 1979 sentó las bases para el actual Código del Trabajo, regulando el actuar de los sindicatos con límites en las negociaciones colectivas y condiciones precisas para que una huelga sea legal.
Esta reforma impulsada por José Piñera reglamentó también los ajustes salariales periódicos de acuerdo a la inflación. Todo ello sin embargo, dentro de la flexibilidad de empleo que comenzaron a gozar las empresas, considerando siempre su prosperidad económica.
