Dos sacerdotes que actúan como mediadores en el mayor conflicto minero en Perú pidieron el miércoles al gobierno que se levante el estado de emergencia en Cajamarca (norte), donde se concentra una fuerte oposición a un proyecto aurífero, que se teme deje sin agua a la región.

“En el espíritu de generar confianza mutua proponemos el levantamiento del estado de emergencia por parte del Estado en simultáneo con el levantamiento de las acciones de fuerza por parte del gobierno regional de Cajamarca para preservar la paz y armonía”, dijo el obispo Miguel Cabrejos.

Cabrejos, obispo de la ciudad de Trujillo, y el sacerdote Gastón Garatea fueron designados por el gobierno y por la Defensoría del Pueblo con el fin de tender puentes con las autoridades de Cajamarca para abrir el diálogo y encontrar vías de solución al conflicto.

A inicios de agosto el gobierno peruano prorrogó por 30 días el estado de emergencia y militarización en Cajamarca, que había sido impuesto el 3 de julio luego de violentas manifestaciones y enfrentamientos entre habitantes y la policía, que dejaron un saldo de cinco muertos y decenas de heridos.

Cabrejos y Garatea presentaron su planteamiento en una reunión este miércoles con el primer ministro, Juan Jiménez, en el Palacio de Gobierno de Lima.

En un documento presentado a la prensa, los facilitadores señalan que explicaron a Jiménez que su propuesta es en favor de la paz y la reconciliación, y que se requiere además el nombramiento de comisiones del gobierno central, del gobierno regional de Cajamarca y de la empresa Yanacocha, controlada por la estadounidense Newmont, encargada del controvertido proyecto Conga.

El objetivo, dijo el obispo Cabrejos, es “establecer una agenda para un proceso de diálogo”.

El conflicto se arrastra desde noviembre del año pasado por el rechazo del gobierno regional cajamarquino al proyecto aurífero y cuprífero Conga, en el que la transnacional Newmont proyecta invertir 4.800 millones de dólares.

Opositores al proyecto en Cajamarca argumentan que la empresa Yanacocha secará cuatro lagunas para la extracción de los minerales y que ello afectará el medio ambiente y perjudicará el suministro de agua a toda la región.

La empresa Yanacocha, en cambio, sostiene que se garantizará el acceso al agua mediante la construcción de cuatro lagunas artificiales, que triplicarían el suministro.