Este jueves se reanudó la audiencia de formalización en contra de las ex autoridades de Interior, la Onemi y el Shoa por cuasidelito de homicidio de 156 víctimas y 25 desaparecidos por la fallida alerta de tsunami la madrugada del 27 de febrero de 2010.
En esta cuarta jornada finalizó la exposición de la defensa, con la presentación de los abogados Humberto Montiglio y Patricio Piddo, representantes del ingeniero Carlos Zapata Aranda.
Al final, el juez Daniel Urrutia tendrá que resolver si mantiene o no las medidas cautelares solicitadas por la fiscalía: arraigo y firma, o accede a la petición de un querellante que pidió prisión preventiva.
Resumen de la jornada anterior
Ayer, en la tercera jornada de la audiencia de formalización de cargos estuvo dedicada por completo a los descargos de las defensas de seis de los ocho imputados. La mayoría de ellos deslindó responsabilidad en otros, sin asumir -en la mayoría de los casos- errores propios.
El abogado Luciano Fouillioux, representante de Carmen Fernández, sacó a la mesa un diálogo en el que la ex jefa de la Onemi le decía al ex subsecretario del Interior, Patricio Rosende, que se debía evacuar, pero que la autoridad política no le hizo caso.
Fouillioux, además, acusó que la investigación obedecía a una operación política. El juez, Daniel Urrutia, no permitió que siguiera. El parecer lo repitió en declaraciones a la prensa tras la audiencia.
Por su parte, el representante del teniente del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico (SHOA) Mario Andina sostuvo que él cumplió con enviar el fax que alertaba de la posibilidad de un tsunami y que si el mensaje no se entendió, no era problema del uniformado, sino del receptor.
Luego, el abogado Carlos Castro, quien representa a Johaziel Jamett, el ex jefe del Centro de Alerta Temprana (CAT) que depende de la Onemi, refutó que su representado no haya tenido los conocimientos técnicos necesarios para el cargo que desempeñaba como dijo la fiscalía, ya que es geógrafo de la Universidad de Chile.
Según relató, Jamett arribó el 27-F a las 04:30 de la madrugada a la Onemi. y que el CAT recibía sólo parte de la información y que el turno de la Onemi era el que “tenía mayor acceso a informaciones distintas, por lo que no se le puede imputar por una información en proceso de validación”.
También presentó sus alegatos la defensa del ex subsecretario del Interior Patricio Rosende, la que deslizó posibles responsabilidades a los organismos técnicos del SHOA y la Onemi, que informaron erróneamente a las autoridades políticas, por lo que – dijeron – se acusa a Rosende “por no ir en contra de los técnicos”.
Defensa del ex jefe operativo del Servicio Sismológico
La defensa del ingeniero Carlos Aranda, se centró en demostrar su experiencia, ya que la fiscalía cuestionó sus conocimientos técnicos cuando asesoraba a las autoridades como jefe operativo y representante ante el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) del Servicio Sismológico de la Universidad de Chile.
El abogado Patricio Piddo aseguró que su cliente tiene un extenso currículum que da cuenta de su trabajo para “modernizar” los sistemas de monitoreo de movimientos telúricos en el país.
Resaltó que “el Ministerio Público rasga vestiduras respecto de don Carlos Aranda, diciendo que su profesión base es de ingeniero y no sismólogo, olvida experiencia, capacitación y docencia de más de 30 años en sismología, olvida su capacidad de crear instrumentos tecnológicos para el monitoreo de los sismos y olvida que el jefe del Centro de Alerta de Tsunami del Pacífico, tantas veces citado en esta audiencia, es de profesión base licenciado en bellas artes”.
Réplica de la fiscal Solange Huerta
Poder Judicial
Terminados los alegatos de los 8 imputados, la fiscal Solange Huerta tomó la palabra para reafirmar los argumentos que fundan las imputaciones, insistiendo en los errores, tanto de los organismos técnicos, como de las autoridades políticas en la fallida alerta de tsunami.
Indicó que si el fax enviado a las 4:07 horas de la madrugada por el SHOA, no era una alerta de tsunami, entonces qué era, aseveró la fiscal. Si hubo problemas de comprensión de aquella comunicación, es parte de los errores que desencadenaron las conocidas consecuencias, dijo.
Huerta señaló además a los oficiales de la Armada Manuel Rojas, Enríquez y Andina, estaban presentes en el Sistema Nacional de Alarma de Maremotos (SNAM), cuando se canceló la alerta de tsunami.
Por otro lado, indicó que los 18 funcionarios de la Onemi interrogados, negaron haber escuchado sobre la cancelación de la alerta de tsunami.
Defendió además la información de campo, es decir, la gente que se estaba comunicando con las autoridades, indicando que en dos horas hubo 7 avisos sobre olas, fustigando que no se tomara en cuenta lo alertado desde Constitución.
Finalizó confirmando la solicitud de medidas cautelares contra los imputados, para asegurar su comparecencia ahora ya formalizados.
Réplicas de querellantes
El abogado Alfredo Morgado detalló lo vivido en el archipiélago Juan Fernández, indicando que allí nunca llegó un alerta de tsunami, pese a que se enteraron del megasismo en el continente. Aseguró que si la autoridad hubiese actuado de forma correcta, no se habrían registrado víctimas en el territorio insular.
Luego, el abogado Carlos Fairlie apuntó a Carmen Fernández por no activar el plan de protección civil, acusándola incluso, de no tener sentido común. Fustigó además que se pasen las responsabilidades de las autoridades de Gobierno a los organismos técnicos, porque estos no pueden “mandar” a sus superiores.
A continuación, el abogado Raúl Meza reafirmó su solicitud – la única entre los querellantes – de dejar en prisión preventiva a los 8 imputados, dada su “incompetencia profesional”. Dijo que la gravedad de lo ocurrido radica en que ese día, la población estaba en manos de los funcionarios públicos”.
Un abogado representante de familias de Juan Fernández dio a conocer el testimonio de un funcionario de la Armada que no alcanzó a dar la alerta, cuando ya huía de las olas.
Dúplicas de defensores
Poder Judicial
Luego de las respuestas de los querellantes, los defensores nuevamente intervienen, comenzando por Felipe de la Fuente, representante del ex director del SHOA, Mariano Rojas, quien insistió en involucrar a la oceanógrafa Cecilia Zelaya en los errores sobre la alerta.
Paula Vial, como defensora del ex jefe de turno del SHOA, Andrés Enríquez, acusó a la Fiscalía de especular sobre lo que debían hacer las ex autoridades.
El abogado del ex teniente del SHOA Mario Andina, dijo que la Fiscalía enunció pero no justificó la necesidad de medidas cautelares, por lo que desestimó su aplicación.
Luciano Fouillioux, abogado de Carmen Fernández, insistió en que el fax enviado por el SHOA a la Onemi sobre la alerta, era incomprensible, y eso obligó a pedir mayores precisiones. Agregó que se esperaba una mayor calidad técnica del SHOA.
El defensor del ex jefe de turno del Centro de Alerta Temprana Osvaldo Malfanti, dijo que es humanamente imposible estar hablando por teléfono y estar atento a la radio, respecto a la acusación de no haber escuchado la cancelación de la alerta de tsunami.
El representante del ex jefe de Alerta Temprana de la Onemi Johaziel Jamett hizo referencia a la caída de las comunicaciones como factor que dificultó el actuar de las autoridades.
El defensor de Patricio Rosende reiteró que el ex subsecretario dio por entendido que si el SHOA descartaba un tsunami, también lo hacían los organismos internacionales. Agregó que “el mando de autoridad es el último en la cadena de informaciones”.
“Creemos que ni la formalización ni la solicitud de cautela se justifican”, dijo el jurista, desestimando que baste con la formalización para aplicar medidas precautorias.
