Las democracias, y en particular Estados Unidos, deben cesar de invocar el “secreto de Estado” para proteger a sus agentes implicados en actos criminales en nombre de la lucha antiterrorista, alegaron este jueves los parlamentarios del Consejo de Europa.

“En algunos países, y en particular Estados Unidos, la noción de secreto de Estado es utilizada para proteger los agentes del ejecutivo de procesos legales por crímenes tales como el secuestro y la tortura”, afirmó la Asamblea Parlamentaria de esta organización paneuropea (APCE), en una resolución adoptada en Estrasburgo.

El relator del texto, el suizo Dick Marty, destacó durante el debate que no contaba partir en guerra contra la noción de secreto de Estado en tanto tal, sino contra los abusos que pueden cometer las democracias.

Marty, que dejará su cargo en la APCE al término de esta sesión, se hizo famoso en la escena internacional por haber denunciado sucesivamente las cárceles secretas de la CIA (Agencia Central de Inteligencia norteamericana) en 2006, luego un tráfico de órganos humanos en Kosovo en 2010.

“Los servicios secretos deben ser controlados y no deben convertirse en un Estado dentro del Estado. No hay democracia sin transparencia”, insistió el ex magistrado suizo.

“En esto hay una deriva democrática grave contra la cual hay que reaccionar”, insistió.

En varios casos, los servicios judiciales de países europeos que querían investigar sobre presuntas atrocidades cometidas en Europa por la CIA se enfrentaron al “secreto de Estado” cuando pidieron oficialmente la cooperación de Estados Unidos, recordó Marty.

Pero el relator también criticó la tibieza de varios Estados europeos para investigar y efectivamente sancionar tales abusos.

Tal es el caso de Lituania, que también aludio el “secreto de Estado” frente a una delegación del Comité contra la tortura del Consejo de Europa (CPT) que quería ser informada sobre investigaciones de la justicia lituana sobre prisiones secretas de la CIA en ese país, destacó.

Las autoridades italianas nunca solicitaron a Washington la extradición de los responsables del secuestro del imán egipcio Abú Omar por cuenta de la CIA en 2003, que si embargo fueron condenados en Italia.

Lo mismo en el caso del alemán Jaled El Masri, detenido por la CIA durante varios meses en 2004. Las autoridades alemanas nunca pidieron la extradición de los estadounidenses presuntos autores de los hechos.

La APCE lamentó también en su resolución que los parlamentos polaco y rumano se hayan limitado a investigaciones “cuyo fin principal pareció ser defender la posición oficial de las autoridades nacionales”.

En su último informe, Dick Marty también critica a su propio país, cuyo gobierno, bajo presión de Estados Unidos, solicitó en 2007 elementos de prueba que tenía la justicia sobre una investigación respecto a un presunto tráfico de materiales nucleares.

Evocando una “espectacular” violación de la separación de poderes, Marty denunció un “sabotaje del procedimiento penal por intervención gubernamental”.