La Corte de Constitucionalidad de Guatemala debatía este lunes la solicitud de inscripción como candidata a la presidencia de Sandra Torres, a pocas horas de que venza el plazo para dictar un fallo, que será la definitiva respuesta a las aspiraciones de la ex primera dama.

Tras una audiencia celebrada el jueves pasado por la máxima corte del país, ésta dispone de un plazo máximo de cinco días para tomar una decisión, que vence este martes, aunque eventualmente podría postergarla por un periodo igual.

En medio de una gran expectación en todo el país, el edificio de la Corte amaneció este lunes fuertemente custodiado por efectivos policiales.

El secretario de la Corte, Martín Guzmán, explicó que los magistrados tienen previsto reunirse este lunes para conocer los argumentos tanto de Torres como de quienes impugnan su candidatura, y resolver la petición entre este lunes y martes.

Según la ley, si Torres fracasa en la Corte Constitucional, el oficialismo no tendrá candidato presidencial en estas elecciones, algo inédito en Guatemala, a un mes de que se celebren los comicios generales.

Torres acudió a la CC, luego de que tanto el Tribunal Electoral como la Corte Suprema de Justicia rechazaron su inscripción como candidata presidencial, argumentando que incurrió en un “fraude de ley”.

Ambos organismos coincidieron en que Torres se divorció del presidente Álvaro Colom para burlar una disposición constitucional que impide al cónyuge del mandatario saliente aspirar a la Presidencia.

Mientras el tema se discutía en las instancias judiciales guatemaltecas, Torres acudía también ante la Corte Centroamericana de Justicia, que la semana pasada admitió una demanda contra el Estado de Guatemala por impugnar su inscripción.

La decisión fue notificada al procurador general guatemalteco, Guillermo Porras, quien tiene 10 días hábiles para contestar la demanda, explicó el propio Porras.

Los fallos de la Corte Centroamericana son vinculantes para los países signatarios. En caso de que un país no acate el veredicto, queda en manos de los presidentes centroamericanos decidir las medidas para la ejecución del fallo, que pueden ser sanciones económicas o diplomáticas.