El gobierno hondureño de facto de Roberto Micheletti pidió al presidente depuesto, Manuel Zelaya, que vuelva a la mesa de negociación después de que éste diera el viernes por “totalmente fracasado” el acuerdo que iba a poner fin a la crisis política que dura ya más de cuatro meses.

Según el ministro de Comunicación del gobierno de facto, René Zepeda, Micheletti está comprometido a cumplir el Acuerdo Tegucigalpa-San José, suscrito el pasado 30 de octubre entre las comisiones negociadoras de los protagonistas de la crisis.

El gobierno de facto ratificó su disponibilidad de reconocer que es importante “un compás de espera durante el fin de semana para lograr concretar el Gobierno de Unidad y Reconciliación”.

Y es que, según el comunicado, “Micheletti ha expresado que no tiene interés en quedarse un día más de lo debido en la Presidencia de la República”.

Asimismo, Casa Presidencial hizo un llamado de “manera respetuosa” al Congreso Nacional “a continuar con sus consultas y seguir adelante en su decisión sobre el punto 5 del Poder Ejecutivo del referido Acuerdo, sobre si se se restituye o no al señor Zelaya”, reza un comunicado divulgado la noche del viernes.

Zelaya dio por roto el diálogo después de que el jueves concluyera el plazo contemplado en el acuerdo, suscrito bajo presión de Estados Unidos, para formar un gobierno de unidad nacional sin haber sido restituido en la presidencia.

La gota que rebasó el vaso de la paciencia fue el anuncio por Micheletti minutos antes de que venciera el plazo, de la formación de un gobierno de unidad nacional sin ningún miembro del presidente depuesto y presidido por el propio mandatario de facto.

“Lamentablemente, a pesar de la insistencia de nuestro Gobierno, de representantes de la OEA y del Departamento de Estado de Estados Unidos, el señor Manuel Zelaya rehusó proveer la lista de candidatos que podrían formar parte del Gobierno de Unidad”, le ha espetado el gobierno de facto.

Según contempla el acuerdo, la restitución de Zelaya en el cargo del que fue despojado en el golpe de Estado del 28 de junio, depende del Congreso, aunque para ello no hay fecha.

El Congreso también ha pedido el parecer de cuatro instituciones, entre ellas la Corte de Justicia, antes de convocar a los 128 diputados en una sesión extraordinaria para pronunciarse sobre la restitución del presidente constitucional.

Teniendo en cuenta que la mayoría aplastante de los diputados sancionaron el pasado 28 de junio el golpe de Estado perpetrado por los militares, al que consideraron una “sucesión constitucional” pocos son los que entienden por qué Zelaya ha aceptado esas cláusulas.

La comunidad internacional espera que la restitución se produzca antes del 29 de noviembre, fecha de las elecciones presidenciales, para legitimarlas, aunque Estados Unidos, que se ha declarado “decepcionado” por la ruptura anunciada por Zelaya del diálogo y ha instado a las partes a que lo reanuden, todavía no ha manifestado claramente si reconocerá los resultados de los comicios.

Esa ambigüedad es a la que se aferra el gobierno de facto para seguir dilatando el proceso, según los analistas, mientras los candidatos presidenciales proseguían con sus mítines electorales.

Mientras tanto, Zelaya sigue refugiado en la embajada de Brasil, adonde llegó el pasado 21 de septiembre. Parte de los periodistas y seguidores que permanecieron con él desde esa fecha, empezaron a abandonar el encierro este fin de semana.