Jujuy, al noroeste de Argentina, sigue siendo noticia de la peor forma.
En esa provincia, durante este año a punto de culminar, se contabilizaron 685 partos de adolescentes. 20 de estos eran de niñas de entre 10 y 14 años, quienes fueron violadas, según medios locales.
A la estadísticas se suma un nuevo caso. Se trata de una niña de tan solo 12 años, quien fue abusada sexualmente y, para colmo, embarazada de gemelos.
La ILE (Interrupción Legal del Embarazo), estaba vigente en Argentina desde 1921 y fue reformada el año pasado para garantizar el fin del embarazo en casos de violación, por riesgo de la salud o la vida de las gestantes menores de 15 años.
Sin embargo, este protocolo le fue negado a la menor de edad antes mencionada, generando un estridente reclamo en organizaciones que velan por los derechos de la niñas y mujeres en el país trasandino.
La niña se encuentra en el Hospital Materno Infantil Dr. Hector Quintana, pero “debió cursar un embarazo gemelar producto de una violación y a la cual se le realizó una microcesárea con previa maduración fetal”, denunció la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir.
No está claro quién es su agresor, pero según esta organización, el Estado se ha convertido en uno más contra la infante.
Anteriormente, presionaron desde la Dirección Nacional de Salud Sexual para que las autoridades provinciales hicieran valer la normativa, con la finalidad de interrumpir el embarazo. No hubo respuestas, Solo evasivas, según las denunciantes.
“Prepararon a la niña a una maternidad forzada, no solo por la cesárea sino porque fue la cesárea previa a la maduración fetal. Hay equipos de efectores que podrían haber garantizado la ILE”.
La maduración fetal a la que se refieren, le fue practicada a la víctima de violación previo al procedimiento quirúrgico. El caso se vuelve aún más complejo porque se trata de una persona que, a su corta edad, está sola y “bajo responsabilidad de la Defensoría de menores por la situación judicial de sus progenitores (ambos en prisión) y no contar con una red social que la acompañe”, según el colectivo feminista que ha difundido lo sucedido.
#Jujuy Desde la Red, repudiamos que no se contemplen los padecimientos de las niñas abusadas, que en manos de quienes deberían protegerlas de las desigualdades ya reinantes en sus vidas, las perpetuan siniestramente, abusándolas desde el Estado.#NiñasNoMadres pic.twitter.com/AvfqXLkpsU
— Red Profesionales de la salud x Derecho a Decidir (@RedSaludDecidir) November 30, 2020
La niña residía en Monterrico, ciudad ubicada a 37 kilómetros de San Salvador de Jujuy.
Las autoridades de la provincia cuentan con el protocolo, además de la asistencia de la Unicef, para dar garantía a las solicitantes del mismo, ya sea vía padres de las menores abusadas o de las organizaciones que las representen en caso de no contar con responsables a su cargo.
No obstante, el gobierno local habría “ganado tiempo” para obtener la viabilidad fetal, según la denuncia.
“A pesar de que desde la Dirección Nacional de Salud Sexual realizaron el ofrecimiento para resolver de forma inmediata la situación, preservando la salud física y emocional de la niña, las autoridades a cargo de la cartera de Salud local, desestimaron la propuesta y decidieron no garantizarle a esta niña su derecho a la ILE”.
Las cesáreas forzadas en Jujuy y Tucumán
“Cuando la llevé al puesto de salud le hicieron un test de embarazo. La doctora la revisó, le tocó la panza y dijo que había algo raro. Después ella confesó delante de la Dra. Guzmán que había sido violada por el vecino de enfrente. Mi hija estaba amenazada, por eso nunca habló nada”, relataba en ese entonces, Norma Mamaní Gareca, madre de una niña de 12 años abusada sexualmente por un hombre de 60.
Ocurrió el año pasado en la localidad de San Pedro. El común denominador con el caso de Monterrico, no es solo la edad de las niñas violadas, sino el hecho de que las autoridades locales se negaran a activar el protocolo ILE, según la denuncia de madre e hija y las declaraciones ofrecidas a Infobae.
Finalmente, debido a que el personal médico adujo un avanzado embarazo (24 semanas), le fue practicada una cesárea también en el Hospital Héctor Quintana.
Pese a que el gobernador provincial Gerardo Morales, aseguraba ante los medios locales que una “familia importante” estaba dispuesta a adoptar a la niña recién nacida, su complicado estado de salud se impuso y murió a los pocos días de llegar al mundo.
BioBioChile, informaba además de otro casó similar, esta vez en Tucumán, un mes después de lo ocurrido en San Pedro, Jujuy.
Una niña de tan solo 11 años, quien había sido violada, dio a luz a un bebé de tan solo 600 gramos de peso. El procedimiento tuvo lugar en el Hospital Eva Perón de la referida ciudad.
Tras la polémica desatada debido a que el personal hizo uso de la objeción de conciencia, el centro de salud emitió un comunicado justificando su decisión.
Aseguraron que el procedimiento se realizó de emergencia ya que la niña, quien había manifestado a las autoridades su decisión de interrumpir el embarazo, se causó lesiones al intentar acabar con la gestación y luego de obtener evasivas en su petición.
Fue precisamente el espíritu de la reforma a la ILE en 2019. Evitar que menores de edad violadas intentaran acabar de forma particular con sus embarazos, exponiendo sus vidas para darle una salida a su situación de abuso y fallo de una sociedad.
