Este lunes se inició en España el juicio contra tres investigadores que, hace ya 14 años, anunciaron el descubrimiento de piezas arqueológicas que presuntamente daban cuenta de cambios en la historia del cristianismo. Luego de años de investigación, el descubrimiento fue declarado como falso y los autores llevados a juicio.

Según detalló el diario español El País, esta jornada Óscar Escribano, Eliseo Gil (director) y Rubén Cerdán tuvieron su primera audiencia en un tribunal en la ciudad de Álava. En su defensa, los tres insistieron en la autenticidad de las piezas.

En concreto, los hallazgos fueron realizados el año 2006, cuando se informó la aparición de piezas de arcilla que datan del siglo II, las cuales representaban un calvario humano, contenían referencias jeroglíficas egipcias y signos de euskera (idioma vasco).

La trascendencia tenía relación con que estos elementos habrían sido diseñados cerca de 600 años antes que el primer texto con palabras en euskera encontrado en España, que eran las glosas emilianenses de San Millán de la Cogolla.

Sin embargo, en 2008 una comisión de 28 arqueólogos e investigadores sostuvieron una serie de muestreos y determinaron que todas las piezas eran falsas, por lo que se inició un proceso contra los tres hombres.

Los tres imputados | El País
Los tres imputados | El País

Junto con eso se indicó que los implementos fueron grabados con materiales actuales sobre una roca antigua, descartando que tuvieran un gran valor.

Eliseo Gil y su equipo actualmente son acusados de haber falseado un total de 476 vestigios arqueológicos, los cuales se ubicaban en el yacimiento de la localidad española de Iruña de Oca.

Según detalló el citado medio, durante el juicio se analizarán un total de 16.000 folios, donde se identificarían las supuestas falsificaciones de las piezas historias.

La situación también ha sido tachada de “delicada”, ya que en ese momento el grupo recibió una subvención de 3.7 millones de euros, de parte de la sociedad pública vasca Euskotren.

Cabe señalar que la fiscalía española exige una pena de cinco años de cárcel para los involucrados en el caso, mientras que otras organizaciones civiles piden tres.