Un reciente informe de la Contraloría General de la República reveló que más de 25 mil funcionarios públicos salieron del país durante su período de licencia médica entre 2023 y 2024. Esto, lejos de ser una anécdota, evidencia un problema profundo: la crisis de ética pública y de confianza institucional que afecta al Estado chileno.

Este no es solo un caso más. Detrás de esos movimientos migratorios hay un mensaje preocupante: se está debilitando el principio de probidad, es decir, la obligación de actuar con integridad, transparencia y responsabilidad al ejercer una función pública.

La probidad no es opcional

Cuando un funcionario público utiliza su licencia médica para viajar al extranjero, rompe no solo una norma, sino un pacto de confianza con la ciudadanía. La probidad no es una aspiración ética lejana, es la base que permite que las instituciones funcionen. Si esa base se corroe, la legitimidad del Estado tambalea.

Este episodio se suma a otros casos que han dañado la fe pública: el “Caso Fundaciones”, los fraudes en Carabineros y el Ejército, entre otros. Todos apuntan a un mismo diagnóstico: hay una desconexión entre el rol público y el compromiso real con el bien común.

¿Leyes más duras o funcionarios más éticos?

Durante años, en Chile se ha debatido si basta con mejorar las leyes o si necesitamos fortalecer la calidad humana de quienes las aplican. La respuesta es clara: ambas cosas son necesarias. Las leyes sin ética se vuelven letra muerta; la ética sin reglas claras deja espacio a la arbitrariedad.

Desde Confucio hasta los pensadores contemporáneos como Byung-Chul Han, se ha advertido que cuando la confianza desaparece, las sociedades reaccionan con más vigilancia, burocracia y castigo. Pero ese camino tiene un costo: se instala la sospecha como norma, y lo que debería ser una vocación de servicio se convierte en una carrera de obstáculos para evitar sanciones.

No se trata de achicar el Estado, cada vez que se destapa un caso de corrupción o falta de probidad, surgen voces que piden reducir el tamaño del Estado. Sin embargo, un Estado más pequeño no garantiza mayor transparencia ni eficiencia. Lo que se necesita no es menos Estado, sino un Estado mejor preparado, funcional y con ética.

Ejemplos internacionales como Nueva Zelanda lo demuestran: no han logrado eficiencia despidiendo funcionarios, sino invirtiendo en una administración pública profesional, capacitada y centrada en el servicio. En cambio, en Chile, el discurso de “menos Estado” ha dejado a servicios fundamentales como salud y pensiones que se encuentran en crisis permanente.

¿Qué nos deja este caso?

Este no es un episodio aislado ni un simple acto de “viveza”. Es una señal de alerta que cuando se normaliza el uso indebido de licencias médicas, lo que realmente se pone en cuestión es la relación entre el Estado y la ciudadanía.

No basta con castigar. Hay que reconstruir la ética pública como un pilar del servicio estatal. Fortalecer la formación de funcionarios, modernizar procesos y, sobre todo, volver a poner el bien común en el centro.

La confianza ciudadana no se recupera con discursos, sino con acciones coherentes. Necesitamos un Estado capaz, honesto y transparente, donde la probidad no sea una excepción, sino la regla. Solo así podremos sanar un sistema que, a todas las luces, está enfermo.

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