El 12 de marzo de 1989, la Agencia de Control de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos (FDA), reveló la presencia de cianuro en uvas chilenas, desencadenando la suspensión inmediata de todos los embarques de fruta de nuestro país y su retiro del mercado.
Este incidente no sólo exacerbó las tensionadas relaciones bilaterales, sino que también impactó profundamente en el panorama político y social de un Chile en proceso de transición hacia la democracia.
Las coyunturas políticas de la época, incluidas las negociaciones para reformar la Constitución de 1980 y las disputas internas dentro de la Concertación, han desviado el enfoque de un análisis objetivo sobre este suceso. Por lo tanto, a 35 años de distancia, resulta esencial recordar brevemente este impasse.
Advertencias anónimas
De acuerdo con documentos oficiales, el inicio del conflicto se remonta al 2 y 8 de marzo de 1989, tras recibir la embajada estadounidense en Chile dos advertencias anónimas sobre frutas contaminadas camino a Estados Unidos.
Como respuesta, la FDA detuvo la importación de estos productos y, tras inspeccionar el barco “Almeria Star” -que había zarpado de Valparaíso el 27 de febrero-, identificó dos uvas contaminadas con cianuro. Esta detección llevó a la prohibición completa de frutas nacionales en el mercado norteamericano, retirando productos ya distribuidos y destruyendo los almacenados.
El gobierno de Pinochet adoptó una estrategia de no confrontación, evitando acusar a Estados Unidos de manipulación. En un esfuerzo por resolver la crisis, los ministros de Relaciones Exteriores y Agricultura viajaron hasta ese país para dialogar con altos funcionarios, incluido el vicepresidente, el secretario de Estado y el director de la FDA. Estas negociaciones facilitaron el levantamiento del embargo el 17 de marzo, permitiendo la reanudación gradual de las importaciones chilenas.
Frente a este incidente, las reacciones del Departamento de Estado mostraron empatía y turbación, especialmente del embajador en Chile, Charles A. Gillespie, contrastando con la postura particularmente rígida del director de la FDA.
Esta crisis, estimada en pérdidas de más de 360 millones de dólares para nuestro país, afectó significativamente a la economía nacional, sin que la contraparte asumiera responsabilidad por las acciones tomadas o participación en la inoculación.
Más allá de las implicaciones económicas y sociales, o de la sensibilidad política de cada lector, esta crisis puso a prueba la diplomacia chilena, destacando su habilidad para gestionar una situación crítica con una potencia mundial en un momento clave de transición política.
Por lo tanto, es justicia reconocer la eficaz negociación para levantar las sanciones, mitigando sus efectos en el camino hacia la democracia.
