"Los ingresos extras del año 2022 no fueron ingresados al presupuesto del Biobío ya que eso hubiese implicado quedar solo con un 82% de ejecución, al final de la tabla. Aquí sobraron el 2022 cerca de 23 mil millones de pesos, lo que no debería ser un drama".

Han seguido apareciendo casos de Fundaciones, Corporaciones y ONGs realizando estudios, evaluaciones y diseño de políticas públicas, ahora en los gobiernos regionales.

Es que la creación de la nueva institucionalidad a nivel regional generó un cambio tremendo en la forma en que se administran los recursos. Hasta el año 2020 los gobiernos regionales realizaban transferencia de un 7% en promedio a instituciones privadas. El 2022 esto llegó al 24% de los recursos disponibles. Cerca de 300 mil millones de pesos destinados a instituciones de distinta índole, como Bomberos de Chile, Universidades, CFT y por cierto a las ya nombradas organizaciones no gubernamentales.

En la región del Biobío, que es líder en transferencias a privados, pasaron de 2 a 3% anual del presupuesto a casi un 50% el 2022 (Casi 50 mil millones de pesos). Para complementar esto de los montos, el año 2022 aparecieron 39 fundaciones y corporaciones totalmente nuevas(cifra que sigue incrementándose el 2023). Otra dimensión de esto es que mientras crecieron las transferencias a privados, la cifra de inversión regional que, por ejemplo, entre 2013 y 2020 siempre fue entre 70 y 80% del presupuesto ejecutado (sumando lo que invierte directamente el Gore mas las compras de equipos y maquinarias y lo transferido a Municipios)llegó el 2022 a solo un 38%.

Tres asuntos relevantes.

En el manejo de la billetera regional hubo un cambio de Intendentes a Gobernadores y eso lleva a una “desconexión” forzada con el resto del aparato público que implica menor capacidad para enfrentar inversiones en asuntos “físicos”. El diseño del proceso de instalación de la nueva estructura fue malo. Eso generó una urgencia por gastar todo el presupuesto y no quedar como el peor del curso y eso, al parecer, los llevó a aceptar muchos de estos proyectos de dudosa calidad, con muy poco merito y obviamente con casi nulo impacto.

Esto no es un tema menor ya que al parecer era más importante mostrar índices de gasto cercano a 100 , como la gran cosa , y no mostrar asuntos relevante que se estuvieran haciendo, que por cierto hay muchos, y que podrían ser evaluados correctamente por la ciudadanía. A tal punto se llegó, que los ingresos extras del año 2022 no fueron ingresados al presupuesto del Biobío ya que eso hubiese implicado quedar solo con un 82% de ejecución, al final de la tabla. Aquí sobraron el 2022 cerca de 23 mil millones de pesos, lo que no debería ser un drama.

El segundo aspecto tiene que ver con el mérito e impacto que generan muchos de estos proyectos. He consultado al Gobierno Regional como se están aprovechando diversos estudios, de años anteriores, relacionados a la internacionalización y donde se gastaron decenas de millones de pesos entregados a la Universidad San Sebastián y a Desarrolla Biobío, y la respuesta es genérica pero se traduce en algo claro : nada. Es que dichos trabajos fueron realmente de muy mala calidad y de donde no se puede sacar nada en limpio.

Y quizás la historia se repita. De la gran cantidad de proyectos (mas de 100) hay varios realizando estudios o diseños de políticas asociadas a la “problemática” del género como violencia, diferencias de trato, salariales, etc. y que posiblemente ya estén listos o en el ministerio de la mujer o en las universidades. Debió licitarse un solo diagnóstico y así elegir al mejor , en forma transparente. Lo mismo ocurre en todo el país con temas de niñez, reciclaje, puesta en valor de esto y lo otro , etc. ratificándose un mal uso notable de recursos.

El problema es quién realmente decide que hacer. Y esta urgencia por gastar hace que los Gobiernos regionales pierdan su rol. Lo correcto seria que el Gobierno Regional establezca un fondo concursable donde las universidades o cualquier institución postule con proyectos de su autoría y que la autoridad evalúe y se asignen los fondos en base a parámetros objetivos. Siempre habrá cosas novedosas a las cuales apostar. Y para el resto, que sea el GORE que defina que temas estudiar o que problemas diagnosticar y se llame a un concurso donde todo el que tenga algo que aportar, participe. Pero eso no ocurre.

Y aquí está el tercer tema. Como aquí se compra de todo queda el espacio, al parecer bastante amplio, para “meter” cualquier asunto irrelevante y que tiene por destino las arcas personales de quien las propone. Y así aparecen proyectos asociados a personajes de la política como el de Horizonte Ciudadano ligada a la expresidenta Bachelet o la institución de la excandidata Camila Polizzi respecto de los cuales Biobío ha informado completamente.

La lista de proyectos extraños podría ser algo anecdótico, pero a 200, 300 o 400 millones cada uno es algo más que preocupante. Cursos para limpiar rejillas, tratamientos psiquiátricos, confección de mobiliario identitario urbano o charlas nutricionales son partes de las tareas encomendadas. Y cada uno tiene sus gerentes, sub-directores, encargados de las finanzas y del marketing quedando gran parte en la lima y no en los “beneficios” del programa.

Los territorios, “el pueblo”, como le gusta tanto a los políticos manosear a la gente en épocas de campaña, tienen el derecho a reclamar explicaciones de que se busca con cada proyecto, que se espera corregir, que se espera sacar de todo aquello. Explicar merito e impacto. Fácil. Y las autoridades deben simplemente bancárselo, y dar explicaciones a todo el que se la pida; sin molestarse, ya que como siempre se dice, aquí están involucrados los recursos de todos los chilenos y los chilenos queremos defender nuestros recursos.

Hay casos y casos, por cierto. Y si, hay dudas de que muchas asignaciones son a dedo privilegiando a un sector político o derechamente el interés particular de las autoridades de turno, y los hechos lo están confirmando.

Habrá momento para mejorar, pero mientras tanto queremos saberlo todo. Y si hay irregularidades y proyectos mal evaluados lo mejor es detenernos y que no siga el desangre. Y si hay responsabilidades políticas, por el mal uso de recursos, estas deberán hacerse valer por quienes deben ejercer el control : Cores y diputados , que hasta ahora y salvo honrosas excepciones , brillan por su ausencia.

No importa que un año sobre dinero, ya que eso es mejor a que se dilapiden nuestros recursos; y si se siente que están en juego las carreras políticas de algunos, les recuerdo que también esta en juego el proceso regionalizador que tanto anhelamos.

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