A medida que avanzan los meses, poco a poco se van sintiendo los efectos de la recesión en los hogares, que es donde más le debiera importar al gobierno. Ya hemos señalado en anteriores columnas que el proceso de deterioro de la economía chilena es cada vez más evidente y a eso debemos sumar las cifras que nos indican una recesión de EE.UU.
Mientras en el primer trimestre del año 2023, el producto interno bruto presentó una caída de 0,6% respecto de igual período del año anterior, la demanda interna se redujo 8,0%, reflejo de una menor inversión y consumo. El Estado, ajeno a esta realidad, crece en la generación de empleos públicos aumentando 7,8% en un año, equivalente a 86.600 nuevos puestos de trabajo cuando se proyectan que los ingresos fiscales para este año 2023 bajarían en un 12,7%.
El mercado laboral en el sector privado está mostrando un fuerte deterioro con una cesantía de un 8,8% en abril, que es el mayor nivel del desempleo en el país desde julio de 2021 (8,9%), cuando el mercado laboral chileno resentía el golpe de la pandemia y las medidas restrictivas que frenaban la búsqueda de trabajo.
Por otro lado, los despidos por necesidades de la empresa alcanzaron una cifra récord en marzo, llegando a 43.516, según la Dirección del Trabajo. El debilitamiento de la actividad económica y la reducción en la producción de bienes y servicios son factores clave. El dato significó un alza en doce meses de 26,2% y alcanzó el mayor nivel de destrucción de empleos desde mayo de 2022, en plena pandemia.
En medio de este deterioro, el mayor golpe lo están sufriendo los trabajadores con contrato, impulsando con ello la indeseable informalidad. De acuerdo con los datos administrativos que publica la Superintendencia de Pensiones, en marzo hubo una disminución de 1% en los cotizantes dependientes, alcanzando 5,8 millones de personas. Así, se encadenan dos caídas consecutivas del empleo con contrato en el país, además es la mayor contracción desde febrero de 2021.
A estas malas cifras se suma otro indicador clave: el Índice de Avisos Laborales en Internet (IALI), que forma parte de las “estadísticas experimentales” del Banco Central. En marzo cayó 44,1% respecto al mismo mes del año pasado, encadenando la décima reducción anual del indicador.
Todo lo anterior se ve reflejado en el aumento del índice de morosidad. A fines de abril se dio a conocer el 40º Informe de Deuda Morosa, elaborado por Equifax y la Universidad San Sebastián, que reveló que el trimestre enero-marzo de 2023 cerró con 4.150.039 personas con deudas sin pagar. Se sumaron 23 mil personas con respecto al trimestre anterior (+0,6%) y 35 mil (+0,8%) si se compara con marzo de 2022.
Así, la deuda total llega a 10.434 millones de dólares, cifra que marca el primer incremento después de ocho caídas correlativas. La mora promedio subió a $1.996.867, que corresponde al tercer aumento consecutivo desde junio de 2022. Esto constituye la mayor alza en 10 años. Se espera que la morosidad siga aumentando, pues las personas que quedan sin trabajo necesitan seguir cubriendo sus gastos básicos por lo que, a falta de ingresos, recurrirán a tarjetas o líneas de crédito, que luego, por su situación laboral, no podrán pagar.
Como si la situación no fuera lo suficientemente compleja, se dio a conocer que el piloto de ventas de gas licuado de Enap fue de 5.743 a un costo de $ 117.000 por unidad, más de 5 veces su precio en el mercado privado. Quedó demostrado una vez más que, cuando los políticos juegan a ser empresarios con plata de los contribuyentes, fracasan.
En este contexto, el gobierno ha planteado aumentar los costos de las empresas con un alza del sueldo mínimo y una disminución de la jornada laboral, sin ofrecer incentivos para una mayor productividad. También una reforma tributaria recaudatoria que no tendrá alicientes para generar mayor ahorro e inversión y, por ende, puede que, con el panorama actual, el fisco chileno termine recaudando sólo un poco más.
El primer golpe a la baja de inversiones de 10 años que lleva el país fue producto de la reforma tributaria del año 2014 de la ex presidenta Michelle Bachelet, que cambió el sistema tributario por uno más complejo, se eliminaron incentivos al ahorro de las personas y se estableció impuesto a la compra de viviendas. El segundo gran golpe ha ocurrido del 2019 a la fecha, situación ya por todos conocida y que ha hecho perder la seguridad jurídica de los inversionistas en Chile.
Esta semana se conoció el traslado de las inversiones de familia Paulmann a Reino Unido. Este cambio de domicilio sigue a decisiones tomadas por otros empresarios y empresas que han radicado sus sociedades de inversión personales en el exterior, en particular en Inglaterra. Estos cambios no tienen beneficios tributarios, ya que recientemente la tasa del impuesto a las empresas subió del 19% al 25%, casi similar al de Chile, pero sí tienen como objetivo una mayor protección de sus inversiones. Al estar radicada en Inglaterra, la inversión está protegida por tratados de inversión. Algo que ya no puede entregar nuestro país.
Finalmente, en julio conoceremos los datos de la encuesta Casen 2022, esta ubicaría el aumento de la pobreza en un 12,4%, es decir, un aumento de 300.000 personas y una extrema pobreza de un 4,8%. El año 2018, cuando se empezó a hablar de los denostados 30 años, el índice de pobreza era de un 8,5, o sea de ese tiempo a hoy la tasa de pobreza está aumentando en un 1% anual.
Hay un dicho que se aplica a Mario Marcel: si alguien puede hablar brillantemente sobre un problema, eso puede crear la ilusión consoladora de que el problema ha sido dominado. El deterioro de la economía y el mercado laboral muestran claramente que la imagen de Marcel, “dios de la economía”, como lo hacen ver los partidarios del gobierno, se está apagando… si es que en algún momento existió y no fue más que una ilusión.
