Si bien aún no ha saltado a la palestra el contenido de la propuesta de Nueva Constitución de la comisión experta, se advierte de la gravedad del tema, ya que mantiene el modelo de financiamiento vía subvención calcando la línea de la Constitución del 80, donde impera la libertad de enseñanza, que como en ningún país del mundo, en Chile se entiende como libertad de empresa para hacer de la educación un negocio.
La propuesta mantiene todas las normativas de la actual constitución, negando la crisis sostenida del sistema educacional, echando por la borda el conflicto social que se arrastra a décadas de movilizaciones. Desde la revolución pingüina en el 2006, el movimiento estudiantil del 2011, el estallido social en el 2019 y, actualmente, con episodios de violencia en las calles y la ascendente deserción escolar.
Una propuesta que no cambia en nada la del 80 en educación eternizará ineludiblemente el modelo, obviando cualquier solución de fondo. Insiste en la idea de que las familias tienen el derecho y el deber preferente de escoger la educación de sus hijos, como si cualquier trabajador pudiera ejercer ese derecho enviando a sus hijos a estudiar al Verbo Divino, suponiendo que su capacidad de “compra del servicio” de educación no estuviera restringida por su nivel adquisitivo.
Es cierto que las familias tienen el derecho de educar a sus hijos según sus propios marcos culturales y valóricos, pero quienes sostenemos la necesidad de una educación pública, estatal y de calidad, estamos pensando también en los hijos de la trabajadora de la multitienda, la cajera del supermercado, del pescador artesanal, del electricista, etc. En fin, pensamos niños y jóvenes, hijos de aquellas familias que viven con un sueldo de menos de $800 mil, vale decir la mayoría de los trabajadores remunerados.
La propuesta no se hace cargo de lo sucedido con el tejido social en Chile, con un sistema extremadamente segregado, donde los iguales están juntos y no se aprende a convivir en la diferencia. Lo que no puede faltar en la educación es que hay que declararla un derecho humano fundamental, garantizada por el Estado y de calidad.
Las tomas y las protestas han vuelto por el tema de la Ley Nain-Retamal, infraestructura y acceso a la tecnología, entre otras cosas, a lo que pronto se agregará el tema de la propuesta de la Comisión experta en educación, textos que permiten afirmar que se han elaborado desde la negación de la actual situación de crisis del sistema escolar.
Cualquier persona que sepa de educación en Chile llega a la conclusión que nuestra educación en los niveles escolares tiene profundos fracasos: de inequidad en el acceso al conocimiento en la adquisición de habilidades como la lectura o las matemáticas, sistema, segregado. Al ratificar las mismas ideas de la constitución del 80, estamos ratificando el fracaso del sistema educativo chileno. No podemos olvidar cómo Chile llegó a plantearse la idea de escribir una nueva Constitución.
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