Hay tres preguntas fundamentales en toda discusión tributaria: (i) ¿Cuánto se quiere/necesita recaudar? (ii) ¿cómo se quiere recaudar? y (iii) ¿cómo se va a gastar lo que se recauda? La prevalencia de una de esas tres preguntas, en la argumentación de un actor, revela sus intenciones o posiciones.

Por ejemplo, muchos partidarios del gobierno, argumentan con vehemencia el primer punto “Chile recauda tributariamente un menor porcentaje del PIB que el resto de la OCDE”, pero ignoran, olímpicamente, el cómo se recauda y cómo se gasta. Más concretamente, ignoran en su discurso, que el porcentaje de la población sujeto a impuestos de la renta en Chile, es altamente inferior al resto de la OCDE. Es más, curiosamente, “celebraban” que la reciente propuesta de reforma tributaria no tocaba al 97% de los contribuyentes, es decir, consideraban positivo fortalecer las diferencias con la OCDE en este aspecto (el cómo se recauda).

Por otro lado, partidarios de la derecha ponen sus énfasis en la eficiencia del gasto: (a) explorando datos, que muchos son efectivos, respecto a la calidad de los servicios públicos chilenos en comparación a la OCDE, (b) comparando el crecimiento que ha tenido el Estado chileno, respecto a sí mismo, en las últimas tres décadas y (c) recopilando un sin número de ejemplos anecdóticos de la ineficiencia del Estado. Sin embargo, ignoran olímpicamente, que se recauda proporcionalmente mucho menos que aquellos países donde los servicios públicos son mejores.

Entonces, ¿seguimos a la OCDE o sólo cuando coincide con nuestras opiniones?

Sin duda, un diagnóstico racional de seguimiento de estándares OCDE, sin la polvareda propia de la trinchera política, sería claro: (i) el Estado chileno recauda poco. Debe recaudar más y de una forma que no estanque la economía, (ii) centralizar la recaudación en el impuesto indirecto y excluir a un porcentaje tan alto de la población del impuesto a la renta, es, a lo menos, contraproducente y (iii) es intolerable lo poco que cambian las desigualdades pre y post impuestos en Chile. En ese sentido, es urgente repensar el Estado, sus servicios y su funcionamiento, y en eso, la modernización del Estado es un elemento ineludible.

Como buen ingeniero, tengo claro que es necesario separar los problemas, o si no se vuelven inabordables. Pero, una cosa es separarlo y otra es abordarlo parcialmente. Es evidente, desde lo discursivo (ratificado en los hechos), que la izquierda sólo quiere abordar una de las preguntas en cuestión: la cantidad recaudada, y la derecha quiere abordar otro de ellos: la eficiencia del gasto público.

En mi opinión, me parece urgente tomar las tres agendas paralelas, y creo que estamos frente a una oportunidad. ¿Por qué? Porque pocas personas podrían afrontar los tres desafíos con tantas competencias al respecto como Mario Marcel. Creo que el Presidente Boric tiene una oportunidad: empoderar a Marcel con amplias atribuciones, permitirle dejar de lado elementos del programa original que sólo trancan la pelota, y que en nada favorecen a la calidad de la reforma tributaria, como por ejemplo, dejar de lado el impuesto al patrimonio. Al mismo tiempo, de entregarle atribuciones para proponer una real modernización del Estado, que sea el gancho perfecto para que se apruebe con amplias mayorías tres reformas que respondan a las tres preguntas.

Sin duda, es esperable que haya oposición; a la recaudación desde una parte del empresariado, y a la modernización desde una parte de los funcionarios públicos. Pero aquí el Presidente Boric cuenta con la oportunidad de no sólo sacar cuentas de corto plazo, sino posicionarse en una visión más trascendente de su gobierno.

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