Compromiso con la vivienda social

Sin lugar a duda uno de los grandes temas en materia de vivienda del año 2022 fue el anuncio del Plan de Emergencia Habitacional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que busca abordar con sentido de urgencia el déficit habitacional que existe en Chile, apoyando a las personas que más necesitan colaboración del Estado para acceder a una vivienda de calidad y alcanzar la meta establecida por el presidente Gabriel Boric de entregar 260 mil viviendas durante el periodo de gobierno.

Dentro de las dificultades que hemos debido enfrentar como país está el alza de materiales de la construcción, producto en parte por la crisis logística debido al COVID y la guerra en Ucrania, lo que hizo que fuera más rentable a nivel internacional ocupar un container lleno de consolas de videojuegos para llevar a algún país de Asia, que uno con resina o clinker para traer a nuestro país y poder fabricar plástico u hormigón respectivamente. Esta razón logística explica en parte lo que ha ocurrido.

Este escenario implicó un tremendo esfuerzo tanto por el Estado como por las empresas privadas que construyen las viviendas; por un lado, como Ministerio le hicimos seguimiento al alza de materiales según la información que da el INE, y ajustamos los subsidios para reconocer el alza de estos y que fueran recibidos por las empresas constructoras, y por otro lado, las empresas han tenido que ajustar sus rentabilidades, para así terminar las obras que no son solo puertas y ladrillos, sino que hogares para familias que llevan años esperando por una solución habitacional.

Sabemos que el escenario cambió, las viviendas no cuestan lo mismo que hace 5 o 10 años atrás y las empresas no pueden obtener las utilidades que obtenían hace 5 o 10 años atrás. Precisamente por esa razón es hoy más importante que nunca la relación público-privada, para poder navegar en conjunto en estos tiempos que hasta ahora han sido difíciles y poder llegar al objetivo final tanto del Estado como del privado, el entregar viviendas sociales de calidad para las familias en un tiempo oportuno.

Este último punto es también importante, ya que, si no llegamos con soluciones a tiempo, las familias más vulnerables pueden pensar que la solución más fácil es irse a una toma, lo que es indigno y debe ser vergüenza para todos nosotros como sociedad desde cualquier punto de vista. No debemos olvidar que nuestro país ha ratificado tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con ello asumiendo obligaciones a nivel internacional en materia de vivienda en que se reconoce el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluyendo vivienda adecuada.

Por eso es indispensable mejorar el nivel de producción de la vivienda social y enfrentar sin complejos, tanto como Estado y privados, los escenarios que puedan venir este 2023, teniendo como norte siempre que lo que todos queremos al final es que Chile y su gente esté mejor.