El derecho al olvido financiero es justo y beneficia a millones de personas. Se hace cargo de temas esenciales de la modernidad: El endeudamiento y el tráfico de datos. Hemos presentado un proyecto de ley para consagrarlo legalmente, permitiendo obligar a las entidades financieras a eliminar, de sus registros internos, las deudas prescritas o incluso pagadas, de más de 5 años. Chile sería el primer país del mundo en legislar a este respecto. El gobierno del presidente Boric se ha comprometido a apoyar este proyecto.
En nuestro país, las deudas no prescriben o se extinguen, lo que se extingue es la acción para perseguirlas compulsivamente una vez trascurrido una determinada cantidad de tiempo.
La misma regla aplica a la persecución de delitos. En este contexto se produce el absurdo. Hoy un asesino puede borrar sus antecedentes y mostrar una hoja limpia, pero alguien por una deuda de $20.000 pesos de hace 15 años, termina condenado a ser discriminado de por vida por el sistema financiero, debido a que éste puede guardar registros “históricos”, como nóminas o listas “negras” de deudores, a pesar de que las acciones para perseguir el cobro de las mismas hayan prescrito hace muchos años. Por eso este proyecto también es llamado “Chao Histórico”.
La iniciativa fue aprobada en la Comisión de Economía y despachada a Sala el martes 29 de noviembre, y será votada durante enero.
El rechazo categórico de la banca es propio de aquellos que no quieren perder poder. Este se funda en parte en una supuesta necesidad de contar con registros históricos de deudas, para efectos de los análisis macroeconómicos. Sin embargo, actualmente toda esa información ya se encuentra consolidada en el banco de datos que mantiene la CMF, que permite construir un diagnóstico realista y actualizado de la deuda en Chile.
Este proyecto se complementa con el “Chao Dicom”, que fue aprobado por la Cámara de Diputados y está a la espera que el presidente de la Comisión de Economía del Senado, José Miguel Durana, lo ponga en tabla.
Desde julio a septiembre de 2022, se totalizaron 4.115.337 deudores morosos aproximadamente. La banca es la que concentra las más elevadas deudas morosas, abarcando el 60% del total, siendo la población de menores recursos la que concentra gran parte de las morosidades. La gente que accede a productos financieros sobrepasa los 10 millones de personas.
Restringir la cantidad de datos que tienen las entidades financieras sobre los ciudadanos, favorece a la gente y le resta poder a la banca. El avance de la inteligencia artificial y el uso de datos para tomar decisiones es una temática poco hablada, pero quizás de la más relevante en un futuro que rápidamente se acerca. Llegó el momento de que protejamos a la gente.
