Suponemos que dichos cuatro empresarios se defenderán con los mejores abogados de la plaza en los tribunales, argumentado que actuaron de "buena fe", ante lo cual les recomendamos que no gasten dinero en ellos, pues ni la Corte de Apelaciones de Santiago, ni la Corte Suprema se prestarán para arreglines.
Tomamos conocimiento, en noviembre de 2019, por parte del ingeniero y activista ambiental, Gonzalo Prieto, a quien entonces no conocíamos, que algunos particulares con fines mercantiles buscando plusvalías territoriales, estaban destruyendo amplias extensiones de terrenos rurales, ocasionando entre otros daños, la eliminación de abundante bosque esclerófilo, ello en la parte alta de la región metropolitana de Santiago.
En vista de aquello y en conocimiento de que en Chile es muy sencillo violar la ley, para evitar nuevos hechos de impunidad, el 5 de diciembre de 2019 denunciamos a la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) que los dueños de los proyectos inmobiliarios Chaguay en la comuna de Lo Barnechea y de los similares La Cumbre Oriente, Guay Guay y Mirador Pie Andino en la comuna de Colina, estaban cometiendo daños ambientales en terrenos definidos como áreas de preservación ecológica en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) y que, por tal motivo, ese órgano público debería sancionarlos conforme lo estipula la ley N° 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente.
El 2 de enero de 2020 reiteramos la acusación ante la SMA y el 20 de enero del mismo año, le expresamos con incredulidad al titular de ese servicio, que el jefe de Fiscalización de la SMA, vía oficio N° 119 del 16/01/20, solo había iniciado por el proyecto Chaguay la tramitación correspondiente “por posible infracción…” (sic).
Si el funcionario en su respuesta escribió “posible”, significa que desconocía el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y otras disposiciones legales atingentes.
Por ello, dado que estimamos que la SMA no era un interlocutor válido, fue necesario entablar en el mismo mes de enero de 2020, denuncias en la Contraloría General de la República, lo que también hizo Gonzalo Prieto y en el Consejo de Defensa del Estado (CDE), en sendas notas del 10 y el 15 de enero de 2020, entidad que, agradeciendo, nos contestó el 23/01/20, vía oficio N° 424, suscrito por su abogada jefa de Estudios y Planificación, expresando que cuando se dispusiera de los análisis completos de la denuncia, el CDE adoptará la decesión que le correspondía.
El ente fiscalizador detectó en su dictamen N° E39766 del 30 de septiembre de 2020, una lamentable “desinteligencia” del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), contenida en su Instructivo N° 130.844 del año 2013, obligándolo a dejarlo sin efecto.
También declaró que las áreas de preservación ecológica, descritas como tales en los instrumentos de planificación urbana, cuentan con protección oficial del Estado, señalando asimismo que, si alguno de esos 4 proyectos inmobiliarios contaba con todas las aprobaciones sectoriales, podía seguir ejecutándose.
Resulta que ninguno tenía aprobación y hacemos una distinción clave entre los comportamientos de los alcaldes de Lo Barnechea y Colina, pues el primero procedió a ejercer correctamente su rol de autoridad y el segundo se hizo el desentendido.
Esta materia se refleja en la columna de opinión “Loteos brujos ahora llegan sobre la cota 1.000”, publicada el 9 de julio de 2020 en esta tribuna.
En el último tiempo hemos sostenido diversos intercambios de correos con el CDE, instándolo a que presente acciones judiciales en contra de aquellos temerarios inversionistas que apostaron a que nadie se daría cuenta de sus intervenciones comerciales en terrenos que no las admitían.
En una de las respuestas de Juan Antonio Peribonio, presidente del CDE, nos dice que por no tener en su poder todos los oficios de los servicios públicos competentes en el asunto, no podía hacer nada, lo cual era muy razonable.
Esta dilación la entendemos porque el gobierno de Piñera, a través del Minvu, SMA y SEA, ejerció presiones indebidas para posibilitar a todo evento la ejecución “sin trabas” de esos proyectos inmobiliarios ilegales, lo que hemos cuestionado en publicaciones posteriores en este medio y en otros que cultivan la libertad de expresión.
En el oficio Ord. Nº 189 de 18 de enero de 2022, el funcionario que tiene el cargo de Seremi de Vivienda y Urbanismo, se vio forzado a reconocer que las obras realizadas por estos 4 inversionistas en el área de Preservación Ecológica definida en el PRMS en las comunas de Lo Barnechea y Colina son incompatibles con los usos y destinos contemplados por el artículo 8.3.1.1 de ese instrumento, es más, tampoco los terrenos se pueden subdividir.
Por lo tanto, teniéndose en cuenta que numerosas personas fueron engañadas por las empresas inmobiliarias que les vendieron terrenos tipificados como parcelas de agrado, del DL 3.516 de 1980, para que allí se edificaran sus viviendas de lujo, ahora solo podrán desarrollar actividades exclusivamente científicas, culturales, educativas, recreacionales, deportivas y turísticas, de lo cual fluye que las pretendidas viviendas no se podrán edificar.
Así las cosas, el 28 de febrero de 2022 el CDE anunció que “hizo la pega”, vale decir, presentó la querella respectiva.
Suponemos que dichos cuatro empresarios se defenderán con los mejores abogados de la plaza en los tribunales, argumentado que actuaron de “buena fe”, ante lo cual les recomendamos que no gasten dinero en ellos, pues ni la Corte de Apelaciones de Santiago, ni la Corte Suprema se prestarán para arreglines.
Finalmente, reconociendo la probidad y apego a la ley por parte del CDE, les deseamos mucho éxito en el sector privado al actual ministro de Vivienda y a su leal seremi, como también a los directores ejecutivos de la SMA y el SEA, organismos públicos todos muy disciplinados respecto de las instrucciones verbales que emanaron del Palacio de La Moneda.
