La culta expresión latina “compromissum” utilizó el Encuentro Nacional de la Empresa (Enade) 2021 para convocar a los candidatos presidenciales a un encuentro en la Universidad Adolfo Ibáñez, pero como miraron en menos al profesor Artés, no lo consideraron. Esta cita top tuvo como objetivo formalizar un pacto de caballeros para tener mejores empresas, con desarrollo social, equidad, igualdad de oportunidades, reconociendo el cambio climático, la falta de agua, con una mirada seria acerca de los territorios y aludiendo a la crisis en la educación, salud, viviendas, pensiones y seguridad pública. Los dirigentes empresariales fueron muy enfáticos en esos asuntos y en otros de interés para la población del país.
Como en este tipo de reuniones, con algunas variantes, siempre se dice lo mismo y a sabiendas que hasta ahora las instituciones del Estado no están preparadas para ejercer correctamente sus atribuciones y en general el sector privado productivo tiende a utilizar ardides para mejorar la rentabilidad de sus negocios, le damos a conocer a los dintinguidos líderes empresariales y en especial al mediático Juan Sutil, un par de situaciones puntuales ilegales que nunca más se deberían repetir.
Viviendas sociales de mentira para violar la ley
La Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), como es de toda lógica, impide el desarrollo urbano en los sectores rurales del país y por excepción, debido a presiones ejercidas tiempo atrás por ciertos habilidosos empresarios, actualmente se admite la construcción de conjuntos habitacionales de viviendas sociales o de viviendas de hasta un valor de UF 1.000, que cuenten con los requisitos para obtener un subsidio del Estado, la autorización que otorgue la Secretaría Regional del Ministerio (Seremi) de Agricultura y el informe favorable de la Seremi del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu)
Gracias a varios documentos que nos entregaron unos arquitectos de la comuna de Curacautín, 9a región de La Araucanía, supimos que, en la localidad de Malalcahuello, territorio rural en donde funciona con éxito el centro de ski Corralco, un avispado inversionista desea construir en su sitio de 1.525 m2 un edificio de 6 pisos, con 40 departamentos, un local comercial y 38 estacionamientos, cuyo mercado objetivo son los visitantes de esa actividad deportiva.
En un principio ese proyecto se contempló como equipamiento, pero como era muy burda esa pretensión, pues se trataba de un actividad residencial, suponemos que en amistosas conversaciones de pasillo con el comprensivo y temerario Seremi de Vivienda y Urbanimo, se urdió que las 40 unidades habitacionales del edificio eran viviendas sociales, las que, de prosperar el negocio, se venderán o arrendarán a personas que, obviamente, no necesitan ayudas del Estado.
Para tal propósito la persona jurídica Inversiones Capital Sur Limitada ya solicitó en la Dirección de Obras Municipales (DOM) respectiva un permiso de edificación, futuro acto administrativo que cuenta con el patrocinio, a pesar de que hay inhabilidad, de una funcionaria de la Seremi de Vivienda y Urbanismo de La Araucanía. Ello, a pesar de que, por razones muy plausibles, el alcalde Victor Barrera, se opone a esa intervención comercial pues dicha municipalidad está enfocada en desarrollar una modificación sustentable del Plan Regulador Comunal (PRC), tomando en cuenta las características cualitativas del territorio.
El 8 de noviembre reciente la Junta de Vecinos de la localidad entregó en la oficina de partes del municipio una petición dirigida al Concejo Municipal para que, a la brevedad, se realice una democrática y participativa reunión extraordinaria debido a que, en la tramitación de este proyecto inmobiliario, “ha existido manejo de información privilegiada, tráfico de influencias y conflicto de interés, motivos más que suficientes para comprender el rechazo del mismo”. Muy grave lo que afirma la comunidad y por ello estimamos que el permiso no se otorgará.
Pero, si por estas cosas escandalosas que suceden, el DOM creyéndose autónomo llegara a cursar el permiso, sin respetar el marco regulatorio, le hemos propuesto a los arquitectos denunciantes que ellos mismos ingresen una denuncia descriptiva de los hechos en la Contraloría General de la República para que este órgano fiscalizador ordene la casa.
Siempre se han incumplido las normas de protección contra incendios en las estructuras de acero de las edificaciones
El acero es un noble material que, con el avance de la técnica, ahora es utilizado en elementos estructurales de muchas edificaciones. Pero hay un enemigo poderoso del acero y se llama calor. Sobre determinada temperatura, el acero pierde completamente sus propiedades resistentes. En un incendio con la suficiente cantidad de material combustible las estructuras de acero pueden colapsar y terminar derrumbándose el edificio. Para retardar el efecto del calor frente a un eventual incendio y permitir el salvamento de los ocupantes antes del colapso, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) en su Capítulo 3 establece una serie de normas mínimas de seguridad contra incendio que incluyen medidas de protección pasivas y activas.
Dentro de las medidas pasivas de protección de las estructuras de acero está la aplicación de pinturas intumescentes que retardan la acción del calor mas no lo impiden. Una pintura intumescente frente a temperaturas elevadas se expande hasta 50 veces su espesor inicial generando una capa de aislación térmica de la estructura, con lo cual se retarda el colapso del edificio.
Pero como sabemos, en Chile, hecha la norma hecha la trampa. En 1996 a través de la ley Nº ley 19.472, que entre otras justificaciones tuvo la pésima calidad de la construcción de viviendas sociales en las denominadas “casas de nylon” en Bajos de Mena, Puente Alto. Recordemos que esas viviendas habían sido construidas por una empresa que al hacerse tan famosa tuvo que cambiar su nombre y ahora ocupa las iniciales del apellido de su dueño: Pérez Yoma.
Bueno, con esa ley el cumplimiento de las normas del Capítulo 3 de la OGUC y muchas otras quedaron bajo la sola responsabilidad de los privados constructores, dejando al Director de Obras Municipales (DOM) como encargado de revisar exclusivamente el cumplimiento de las normas urbanísticas, lo que, en general, tampoco hacen de buena manera.
El resultado de todo esto es que por años las edificaciones con estructuras de acero están siendo recepcionadas por las DOM sin que nadie se preocupe y verifique si los revestimientos intumescentes fueron aplicados correctamente según las características del elemento constructivo (masividad) y si esos revestimientos tienen las propiedades de resistencia al fuego que deberían tener según el artículo 4.3.3 de la OGUC.
Tomamos conocimiento de esta mayúscula irresponsabilidad profesional y empresarial a través de una carta que nos envió un empresario de Concepción y luego de verificar que tenía sustento, procedimos a denunciar este gravísmo asunto el 12 de noviembre pasado en la Contraloría General de la República. Según los antecedentes disponibles, los errores y falta de certificación han ocurrido en edificios a lo largo y ancho de nuestro país, generando un riesgo para sus ocupantes que en un país serio y con empresarios responsables no ocurriría.
Desde esta tribuna le hacemos un llamado a la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) a que se haga parte de nuestra denuncia y que, conociendo el próximo dictamen de Contraloría, sancione a sus socios que no cumplieron la normativa, aprovechándose de los cándidos legisladores que pensaron que la ley Nº 19.472 había resuelto el problema de la calidad de las construcciones en nuestro país.
Conclusión
Para que el mercado opere, las 2 situaciones reseñadas no debieran haber existido y por ello los grandes empresarios de Enade, a quienes les gusta dictar cátedra y pautas al resto, podrían decir basta públicamente y ojalá el mismo Sutil se tome la molestia de responder esta columna de opinión.
Finalmente, es bueno compartir con los lectores que, por twitter, le hemos propuesto a todos los candidatos presidenciales que se hagan parte de la querella que 6 ciudadanos hemos presentado en el Ministerio Público, en contra de los guetos verticales ilegales en Estación Central, asunto mencionado en nuestra columna anterior. La causa, con RIT 5333-2021, está radicada en la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte y esperamos que más de alguno de ellos se comprometa con el combate a la corrupción
