Al dar a conocer el paquete de doce medidas dirigidas a la equidad de género, el presidente de la república, Sebastián Piñera, hizo también un público reconocimiento: “no hemos sido justos con las mujeres de este país”.
Se trata de una frase en cuya estructura se encuentran implícitas miles de mujeres que, en tiempos pretéritos y muchas veces de forma silenciosa, allanaron el camino para llegar al actual momento. Ellas hoy se encuentran en la etapa de vejez.
Según el Censo 2017, del total de habitantes del país, el 51% -es decir 8.972.014- corresponde a población femenina. De ese número, el 17,7% -que equivale a 1.586.634 mujeres- tiene 60 años o más, en tanto que sus congéneres masculinos de ese mismo segmento etario alcanzan a un 14,7% (1.263.537).
Ante la evidencia de este fenómeno denominado “feminización de la vejez” (que se resume en que hay más mujeres que hombres mayores de edad, pero las mujeres viven más años y en peores condiciones), un camino razonable es que el cambio cultural parta por adaptar las medidas contenidas en el anuncio presidencial para que sea capaz de responder a las necesidades de este grupo.
Lo anterior debido a que si bien es cierto que el debate sobre los derechos de la mujer se encuentra instalado en la sociedad, en su mayoría se centra en la situación de quienes se encuentran en las etapas inicial e intermedia del ciclo vital, sin que se mencione o beneficie a aquellas que ya superaron la barrera de los 60 años.
Creemos que la autoridad debe hacer los ajustes necesarios para contar con acciones dirigidas al trato y derechos de las mayores, que muchas veces son víctimas de otros tipos de discriminación, como, por ejemplo; el abandono o aislamiento producto de la disminución de sus redes de apoyo; la obtención de ingresos menores respecto de sus coetáneos masculinos; o la pérdida de su capacidad para decidir sobre sus bienes e incluso su propia vida.
Somos enfáticas en remarcar que estas acciones deben ser en “beneficio” y no de “beneficencia”, porque las mujeres mayores que viven en Chile también son ciudadanas, sujetos de derechos exigibles al Estado, que portan altos grados de autonomía y potencialidades de desarrollo, que pueden hacer valiosos aportes a la sociedad.
Igualmente, queremos hacer un llamado a los grupos intermedios como universidades y organizaciones sin fines de lucro, a asumir estas nuevas miradas, proyectando y colaborando con la gestión del Estado en la generación de políticas públicas pro-mujer mayor.
Carolina Riveros y Ángela Arenas
Investigadoras Proyecto Fondef ID16AM 0006
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales Universidad de Talca
Consuelo Moreno
Directora (s) Fundación Oportunidad Mayor
