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Más allá de lo limitada que es la información que proporcionan las pruebas estandarizadas para comprender la complejidad de los procesos de aprendizaje, los últimos resultados de la prueba PISA son un llamado de atención para nuestro país y el mundo. Pero sobre todo deben ser un llamado a la acción para una sociedad que necesita de un pueblo más instruido y con conocimientos para aportar al bien común y construir un modelo de desarrollo más exigente y desafiante. Para eso necesitamos a todos nuestros talentos, en su diversidad.
Las bajas en los promedios de matemáticas y lectura son los datos que más resaltan, pero en los resultados hay mucho más, que deberá ser motivo de profundas investigaciones y debates para llegar a conclusiones que orienten respecto a los motivos tras las caídas y den mayor claridad para intervenir. Mi interés con estas palabras no es saltarme ese proceso, sino aportar a una discusión más reposada, entendiendo la trayectoria de la educación chilena, sus avances y retrocesos, que no caben en un reel o en una cuña de 30 segundos.
Lo que han vivido los establecimientos educacionales no es sólo un puntaje o ranking, ni en Chile ni en el mundo. Sacar conclusiones interesadas para buscar ventajas políticas cortoplacistas, lo único que muestra es un nulo compromiso con lo que significa para individuos y sociedades la educación, sobre todo, como un derecho.
Si miramos los resultados globales, estamos ante una crisis evidente y un momento muy desafiante para nuestros sistemas educativos. Aislar a Chile de fenómenos como la pandemia y el excesivo uso de pantallas, dispositivos digitales, IA y redes sociales en las nuevas generaciones –cuyo hábito comienza a corta edad– junto con el desinterés por la lectura, sería deshonesto.
Por tanto, culpar al último ciclo de reformas es un posicionamiento simplista, que ignora u oculta los resultados alentadores de estudiantes de SLEP y sectores de menores ingresos en el SIMCE, junto con los importantes avances en recuperación tras la pandemia que ha mostrado el sistema. Chile debe potenciar y poner en el centro los aprendizajes, pero el punto de partida es muy relevante. Sin escuchar a las comunidades educativas, los espejismos de las pruebas estandarizadas serán cantos de sirena, tanto para conformistas como para detractores del último ciclo de reformas. Ni negar la crisis, ni volver al pasado.
El panorama que nos arroja la prueba es paradójico: por un lado, estamos en un sistema educativo estancado en términos de aprendizajes, con muy pocos estudiantes con resultados destacados en la evaluación, con bajo involucramiento y alto desinterés de sus estudiantes y con condiciones poco propicias para el aprendizaje; pero que, sin embargo, cuenta con comunidades escolares que fueron capaces de enfrentar la crisis de la pandemia con resiliencia, con docentes comprometidos, lo que le ha permitido mantenerse en una buena posición con respecto a Latinoamérica, y lo que es más importante aún, que ha logrado reducir sus brechas socioeconómicas y ha avanzado en reducir la desigualdad y la segregación social.
Prueba de ello es que las bajas más significativas en puntajes en matemática y lectura se concentran en los sectores de ingresos medios-altos y altos, en desmedro de los y las estudiantes de sectores medios-bajos y bajos, que aumentan su participación porcentual en los mejores rendimientos. Visto así, al parecer hemos avanzado en combatir brechas de acceso y desigualdades de base, pero tenemos pendiente abordar problemas propiamente pedagógicos y desigualdades estructurales que aún mantienen rezagada a la educación pública. Esto implica, necesariamente, reconocer lo avanzado sin autocomplacencia, recuperando la consigna de una educación pública, gratuita y de calidad para todos y todas. Hay deudas pendientes, pero para resolverlas, volver al pasado y a las recetas fracasadas que nos trajeron hasta aquí, malamente será la solución. Recuperar el interés de las y los estudiantes por sus procesos educativos es fundamental y para ello se requiere mirar al futuro.
El gobierno ha elegido enfrascarse en una contrarreforma educativa, desmantelando y descuidando los procesos de fortalecimiento de la educación pública. De concretarse las políticas hasta ahora anunciadas por el Ministerio de Educación el país se encontrará a poco andar con un sistema educativo más segregado y excluyente, con escuelas que compiten en vez de colaborar y con docentes que no ven reconocida ni apoyada su labor.
Debilitar el proceso de desmunicipalización, en vez de hacerse cargo de los necesarios cambios que hoy requiere en materia de financiamiento y capacidades pedagógicas, implica no reconocer la evidencia de que los SLEP han mostrado mejores prácticas educativas y avances sustantivos en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Esta tozudez frente a toda evidencia sólo se explica por la confianza ciega e interesada de perpetuar la lógica de traspaso de recursos públicos al sector privado. Un saco roto para la billetera fiscal, un retroceso para la educación chilena.
Por desgracia, la ministra Arzola carece del liderazgo y la vocación de diálogo amplio necesarios para enfrentar los enormes desafíos que tiene la educación chilena. Adaptar el sistema educativo y los procesos de enseñanza y aprendizaje a un futuro que se acelera y que desafía a la humanidad en tanto tal, no encontrará respuestas en un gobierno de ultraderecha que cree en las recetas mágicas y sencillas de su credo neoliberal. Ni hablar de abordar la brecha de género que persiste en la educación chilena.
Es que el camino de la mejora educativa para todos va en otra dirección. Con evidencia y con convicciones claras: hoy, los esfuerzos se deben poner en las condiciones del aula, en la formación y en el apoyo a los docentes, en contar con un currículum más flexible y adaptado a las necesidades del presente y el futuro. Se debe abordar cómo las nuevas tecnologías y el cambiante mundo laboral están afectando estos procesos y la convivencia escolar. Ya no se aprende ni se enseña igual, y por tanto, también es tiempo de revisar cómo se evalúa y el modo en que estos instrumentos afectan y modelan aquello que se busca medir. Interrogantes y desafíos que no parecen estar en el radar de la agenda de restauración conservadora a la que nos invita el actual gobierno.
Frente a esta agresiva contrarreforma sólo cabe redoblar los esfuerzos por reconstruir la educación pública chilena para el siglo XXI. Construir una escuela que sea para todas y todos, con proyectos educativos diversos y que recoja los anhelos de familias y estudiantes, una educación de calidad, que signifique un verdadero espacio de encuentro de los distintos, construyendo lo común y al servicio del desarrollo y la prosperidad de Chile. Por lo mismo, debemos proteger los importantes acuerdos a los que llegó nuestra sociedad en la última década: la educación es un derecho, con ella no se lucra y en ella no se discrimina. Cuidémoslos, y llevemos a la educación chilena al siguiente nivel, partiendo por lo que es de todos y todas: lo público.
