El futuro de las ciudades se planifica con su gente

Chile necesita mecanismos más ágiles para enfrentar los procesos de reconstrucción después de una catástrofe. Nadie puede cuestionar la necesidad de reducir burocracias, acelerar permisos y facilitar el acceso a la vivienda cuando miles de familias esperan respuestas urgentes. Desde Valparaíso bien sabemos de eso.

Sin embargo, la propuesta de modificación de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) de este gobierno excede con creces ese objetivo. Lo que se presenta como una herramienta para reconstruir más rápido termina configurando una profunda replanificación urbana a nivel nacional, mediante un decreto que pasa por sobre los instrumentos de planificación local que cada comuna ha determinado para sí.

El impacto de esta medida podría ser significativo en todo el país. La propuesta permite aumentar la densidad de viviendas por hectárea, incrementar la constructibilidad de los proyectos y superar los límites de altura establecidos por los planes reguladores comunales en zonas cercanas a ejes de transporte público.

Lo más grave dice relación con un asunto profundamente político: esto significa centralizar atribuciones y concentrarlas en el Ministerio de Vivienda, saltándose los instrumentos de planificación comunal construidos de manera consensuada con la ciudadanía, lo que debilita la capacidad de las comunidades para decidir cómo queremos que crezcan y se transformen nuestras ciudades.

Para Valparaíso, los riesgos son aún mayores. Nuestra ciudad posee una condición única en Chile: es Patrimonio de la Humanidad reconocido por la Unesco precisamente por la relación entre su geografía, su arquitectura y su forma de habitar los cerros.

Las restricciones de altura vigentes fueron elaboradas a partir de años de trabajo técnico y de participación vecinal, considerando la fragilidad de nuestra topografía, la existencia de zonas de riesgo, las dificultades de evacuación y la capacidad real de nuestra infraestructura. Con la modificación de esta ordenanza, los proyectos inmobiliarios podrían aumentar la altura y la densidad sin respetar esos acuerdos territoriales.

Aplicar criterios estandarizados y diseñados desde Santiago en una ciudad donde las calles son estrechas, los accesos hacia las zonas altas son limitados y los riesgos de incendio o tsunami forman parte de la realidad cotidiana, no solo resulta inapropiado, sino que puede transformarse en una amenaza para el bienestar y la seguridad de quienes habitan nuestros barrios.

Estando de acuerdo en que Chile necesita más viviendas sociales y mejores herramientas para reconstruir, me parece que la verdadera pregunta de este debate es quién debe decidir cómo se desarrollan nuestras ciudades. Un crecimiento urbano sostenible requiere una planificación territorial coordinada entre los distintos niveles del Estado, involucrando al sector privado y las comunidades.

Cuando las decisiones se concentran en el nivel central y, bajo el argumento de la agilidad, se debilitan los instrumentos locales construidos democráticamente, se corre el riesgo de sacrificar la identidad, la seguridad y la calidad de vida de nuestros vecinos.

Valparaíso ha aprendido, muchas veces a costa de errores difíciles de revertir, que el desarrollo urbano debe dialogar con su historia, su geografía y su gente. Por eso, más que una discusión técnica, se trata de la autonomía local, la participación ciudadana y el derecho de las comunidades a decidir el futuro de sus territorios.

Finalmente, vale la pena mencionar que la categoría de Patrimonio Mundial no es eterna, sino que se sostiene en la medida en que el Estado demuestra que protege lo que fue reconocido. La densificación en altura de los cerros de Valparaíso, sin planificación ni participación ciudadana podría poner en riesgo una distinción que la ciudad no puede darse el lujo de perder. En momentos en que Valparaíso busca resurgir no hay espacio para que el abandono provenga del gobierno central.