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Chile tiene tasas de suicidio en jóvenes que deben mantenernos en alerta permanente. Sumar una adicción que multiplica ese riesgo, sin los resguardos correctos en la ley, sería una decisión sanitaria muy grave.
Hace unos días conocí el caso de un adolescente que llegó a una consulta médica por crisis de ansiedad. Cuando el médico fue hilando la conversación, apareció la verdad: llevaba meses apostando desde el teléfono, de noche, escondido. Había perdido el dinero del pasaje, después el de la colación, después le pidió prestado a compañeros. Un escolar de dieciséis años y una deuda que le producía un nivel de angustia que no podía contarle a nadie.
No lo cuento como anécdota. Lo cuento porque ya está pasando, hoy, en Chile, sin que exista todavía ninguna ley de apuestas en línea.
El Gobierno le ha puesto urgencia al proyecto que busca regular estas plataformas. La lógica tiene sentido: operan igual, mueven millones sin control, mejor legalizarlas y ponerles reglas. Pero desde la salud pública debemos mirar esa ecuación que no podemos dejar pasar: regular mal puede ser peor que no regular.
Antes de hablar de la ley, hay que mirar el contexto con honestidad. Nuestros adolescentes ya están en una crisis silenciosa de salud mental. Depresión, ansiedad, consumo de sustancias: Chile tiene indicadores entre los más preocupantes de la región en población joven. Y los más afectados no son los que tienen más recursos, sino exactamente lo contrario.
El joven con menos contención familiar, menos acceso a atención de salud mental y más horas solo frente a una pantalla es el que está en mayor riesgo. Eso no es opinión; es lo que muestra consistentemente la evidencia internacional.
Y la evidencia sobre el juego en línea es contundente. Una revisión sistemática publicada en The Lancet Public Health en 2024 —la más completa disponible hasta hoy— establece que entre quienes apuestan en casinos digitales, casi uno de cada seis desarrolla juego problemático. En apuestas deportivas en línea, uno de cada diez. Y el riesgo de juego problemático en adolescentes que apuestan online es más de cinco veces mayor que en quienes no lo hacen.
Lo que más me preocupa como médico no es solo el endeudamiento. Es lo que viene después.
Un estudio de cohorte publicado en The Lancet Regional Health Europe en 2024, usando datos del registro nacional de salud de Noruega, confirmó que las personas con trastorno de juego tienen un riesgo de muerte por suicidio significativamente mayor que la población general. Ese hallazgo es consistente con lo documentado en Suecia, donde investigadores encontraron una mortalidad por suicidio quince veces mayor en este grupo.
No es un dato menor. Es por eso que Inglaterra, en 2023, incorporó el juego como factor de riesgo específico dentro de su Estrategia Nacional de Prevención del Suicidio. Chile tiene tasas de suicidio en jóvenes que deben mantenernos en alerta permanente. Sumar una adicción que multiplica ese riesgo, sin los resguardos correctos en la ley, sería una decisión sanitaria muy grave.
El segundo dato que no logro sacarme de la cabeza viene de España. Cuando ese país abrió su mercado de apuestas deportivas digitales, el perfil de quien llegaba a pedir ayuda por juego desmedido cambió radicalmente en pocos años: dejó de ser el adulto con historia larga de juego presencial, y pasó a ser el joven de veinte años que llevaba apenas meses apostando desde el teléfono.
La velocidad con que el juego digital genera dependencia no tiene comparación con el juego físico. Las plataformas están diseñadas para eso; cada alerta, cada bono, cada cuota en tiempo real activa los mismos mecanismos cerebrales de recompensa que una droga.
Insisto: no estoy en contra de una ley. Estoy en contra de una ley que no proteja.
Una regulación seria debe prohibir la publicidad dirigida a menores, no restringirla, prohibirla, y exigir verificación real de identidad antes de cualquier apuesta. Debe ir acompañada de un programa de prevención y tratamiento de ludopatía, antes de que el primer peso entre al fisco. Y debe crear un sistema de vigilancia que monitoree lo que le ocurre a la salud mental de los chilenos después de que esto se apruebe.
La pregunta que le debemos hacer al Congreso es concreta: ¿esta ley protege al adolescente que esta noche tiene el teléfono en la mano y una aplicación que lo espera?
Si la respuesta es NO , la ley no está lista.
