Enviando corrección, espere un momento...
El país requiere un debate que, sin abandonar la libertad de expresión, sea capaz de distinguir entre la crítica legítima y/o la construcción de un clima de inestabilidad permanente.
La democracia chilena vivió un hito el pasado 14 de diciembre. Con un contundente 58,16% de los votos, José Antonio Kast recibió un mandato claro y mayoritario que se materializó el 11 de marzo. Sin embargo, a pocas semanas de haber asumido, parece que la voluntad expresada en las urnas está siendo sometida a un escrutinio diario que desdibuja la frontera entre la soberanía popular y la contingencia estadística.
Con mediciones semanales de diversas consultoras, el debate político parece haber quedado secuestrado por la fluctuación del momento. Esta dinámica sugiere un peligroso olvido: la legitimidad del Gobierno reside en el proceso electoral ratificado constitucionalmente, no en el muestreo telefónico de cada domingo y también ahora de mitad de semana.
El Ejecutivo no debe gobernar bajo la presión de mediciones de opinión con esta periodicidad cercana a las encuestas diarias que no solo pretenden desgastar la institución presidencial, porque pone en tela de juicio la estabilidad de un programa que fue respaldado masivamente en las urnas.
Este asedio se ha manifestado también en una creciente hostilidad hacia autoridades en espacios públicos. Citando el clima de agresividad que han enfrentado secretarias de Estado: la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, fue agredida físicamente en la Universidad Austral en Valdivia, mientras que la ministra de Energía Ximena Rincón fue blanco de duros e insolentes improperios por parte de estudiantes en la Universidad Santa María en Valparaíso, en ese caso acallados por los aplausos a la autoridad.
Esta violencia física y verbal encuentra un preocupante correlato en la descontextualización mediática. El caso de la ministra Lincolao es ilustrativo: sus declaraciones sobre su origen y su historia de superación personal tras emigrar a Estados Unidos fueron editadas interesadamente y presentadas de forma que se distorsionó su sentido original.
Esta práctica no contribuye al debate de ideas, sino que parece buscar la caricaturización de estas valientes mujeres que hoy lideran carteras ministeriales, ignorando que, más allá de los errores que cualquier gestión pueda tener, la dignidad del cargo y la veracidad de los hechos deben ser respetadas.
También esto es válido para la crítica sin límite en contra de la ministra Mara Sedini, siguiendo el libreto persecutor que impuso la izquierda contra las ministras voceras en los gobiernos del presidente Sebastián Piñera. Lo mismo con la descontextualización de dichos de la ministra Natalia Duco en relación a algo tan simple como “ropa linda” para las deportistas…O quizás el ambiente progresista de algunos departamentos de prensa de la televisión chilena las quieren vestidas con burka.
En este contexto, surge una reflexión necesaria sobre el rol de los medios de comunicación y su relación con el poder. Un ejemplo que invita al análisis es el de Canal 13.
Al ser un medio de amplia influencia, su línea editorial impacta directamente en la percepción ciudadana del Gobierno. Resulta, a lo menos, un punto a observar cómo convive su línea crítica, basado en los ejemplos mencionados, con el hecho de que figuras hasta hace muy poco muy cercanas al grupo controlador desempeñen roles de alta responsabilidad en el Poder Ejecutivo.
No se trata de cuestionar la libertad editorial, sino de invitar a una necesaria coherencia. La responsabilidad política de quienes poseen medios de comunicación y, a la vez, participan de la vida pública (política), exige un compromiso con la estabilidad institucional.
El país requiere un debate que, sin abandonar la libertad de expresión, sea capaz de distinguir entre la crítica legítima y/o la construcción de un clima de inestabilidad permanente.
