La nueva Ley de Desalación es una buena noticia para Chile. En un país marcado por una megasequía prolongada, donde la escasez hídrica dejó de ser excepcional para volverse estructural, contar con reglas claras para el uso de agua de mar era indispensable.
Sin embargo, su aprobación no resuelve por sí sola el problema. En paralelo, se requiere una gestión hídrica adecuada, marco en el cual debe evaluarse la implementación de plantas desaladoras. Más que discutir si Chile necesita desalar, la pregunta ahora es en qué casos y bajo qué condiciones hacerlo.
Es cierto que el agua desalada suele ser más costosa que las fuentes convencionales. Pero en contextos de escasez persistente, y una vez consiguiendo escenarios de gestión hídrica apropiada, el análisis no puede limitarse al precio por metro cúbico.
También debe considerarse el valor de disponer de una fuente segura cuando las alternativas tradicionales se vuelven insuficientes o inciertas. A nivel internacional, se ha insistido en que la desalación y el reúso deben integrarse en estrategias más amplias que incorporen fuentes no convencionales de forma sostenible y fortalezcan la seguridad hídrica.
Este nuevo escenario abre una oportunidad para avanzar hacia una lógica distinta. En lugar de multiplicar proyectos aislados, Chile puede apostar por infraestructura compartida y redes capaces de abastecer a múltiples usuarios e incluso sectores.
Esta mirada no solo mejora la eficiencia de las inversiones, sino que permite ordenar el territorio, evitar duplicaciones, reforzar la seguridad de suministro ante contingencias y reducir la probabilidad de impactar ecosistemas marinos por efectos sinérgicos observables ante la presencia de varias industrias (efectos asociados a la descarga de aguas de descarte, y los que la ciencia aún no comprende a cabalidad).
Estudios recientes sobre infraestructura hídrica compartida muestran que la Región de Antofagasta emerge como uno de los focos prioritarios para desarrollar sistemas integrados, precisamente por la concentración de demanda, la presión sobre el recurso y la cercanía entre distintos usuarios.
No obstante, esta discusión puede proyectarse a escala macrozonal, desde O’Higgins hasta Arica y Parinacota. Se trata de un cambio relevante: por años, la desalación se asoció principalmente a la minería. Aunque seguirá siendo clave en ese ámbito, hoy también puede habilitar nuevas actividades productivas, como la agricultura o la industria del hidrógeno verde, cuyo desarrollo ya considera explícitamente el uso de agua desalada en zonas con restricciones hídricas.
Si Chile logra avanzar hacia una expansión más ordenada de la desalación, las universidades y centros de investigación pueden asumir un rol más activo en transferencia tecnológica, modelación territorial, optimización de redes, integración con energías renovables, planificación de infraestructura compartida, análisis económico, gobernanza del recurso y formación de capital humano.
La ley, en ese sentido, no solo habilita nuevos proyectos: abre la posibilidad de una agenda de investigación aplicada con impacto en políticas públicas y desarrollo regional. Sobre todo, ofrece la oportunidad de repensar la gestión del agua en Chile, con mayor planificación, colaboración entre sectores e infraestructura compartida.
Si ese camino se consolida, la desalación dejará de ser solo una respuesta a la escasez y pasará a ser una herramienta estratégica para decisiones de largo plazo.
Rodrigo Cáceres
Christian González
Académicos e investigadores de la Facultad de Ingeniería y Ciencias UDP
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