Decir que la disminución del impuesto a las empresas solo beneficia a los más ricos es la vieja mentira de una izquierda a la que no le interesa aprender.

El impuesto puede entenderse, en buena medida, como una multa que cobra el Estado por hacer el bien. Y es el verdadero saqueo del Estado que le da más poder a quienes hacen caridad con lo ajeno. No resulta casual que ciertos sectores de la izquierda sean especialmente críticos con quienes generan riqueza y, sin embargo, permanezcan en silencio ante situaciones como la del Partido Comunista, que durante años no ha abonado el impuesto territorial.

La propuesta de bajar el impuesto a las empresas, que impulsa José Antonio Kast, no es un regalo a las empresas, sino que solo es disminuir esta multa a quienes contribuyen positivamente a la sociedad. Y tiene como resultado aliviar un costo que, de una u otra forma, termina repartido entre consumidores, trabajadores, proveedores, inversión y empleo.

El ejemplo de la bencina lo entiende cualquier persona que compre pan, tome micro, tenga un almacén o intente llegar a fin de mes. Si sube el combustible, sube el transporte; si sube el transporte, sube la cadena logística; y si sube esa cadena, el precio final tiende a reflejarlo. Nadie necesita un doctorado para comprender que los costos importan. Entonces, ¿por qué algunos pretenden que el impuesto corporativo es el único costo que no afecta decisiones, precios, inversión o empleo?

Un país con una economía enferma es aquel que distorsiona constantemente los precios, eleva impuestos, multiplica permisos y después reparte bonos para compensar los daños que su propia política ayudó a crear. Ese modelo se vende como “justicia social” que suele traducirse en hipertrofia estatal: en un Estado exageradamente grande y cada vez más metido en la vida de las personas.

Cuando cada solución pasa por una ventanilla pública, cada derecho depende de una autoridad y cada oportunidad exige permiso, la ciudadanía deja de mirar hacia la independencia y empieza a mirar hacia el favor. Ahí nace el clientelismo: no solo como práctica política, sino como estructura de dependencia. Quien reparte recursos ajenos gana poder; quien los recibe queda atrapado en la gratitud, en la necesidad o en el miedo a perderlos.

Respecto del impuesto, aunque se justifique bajo discursos nobles, ocurre que muchas veces quienes se llevan la mejor parte son quienes administran el reparto. Así el Estado crece, la burocracia se reproduce y la ciudadanía cada vez depende más de lo que otros deciden entregarle.

No es casual que cada vez más personas vean el empleo público como el camino más seguro, mientras emprender se vuelve una carrera de obstáculos. Para ser funcionario muchas veces basta con tener al amigo correcto; para emprender, en cambio, se debe cruzar el laberinto de permisos, fiscalizaciones, trámites, contribuciones, patentes, impuestos y regulaciones. Muchos quedan en el camino; otros sobreviven uno o dos años; y solo algunos logran resistir. Es una especie de selección natural, pero donde el principal depredador no es la competencia, sino el Estado.

Contrariamente a lo que señala la izquierda, la evidencia empírica chilena sí demuestra que cuanto menor era el impuesto, mayor fue la inversión. A lo mejor no fue la única razón, pero sí es un gran aliciente. Porque entre mayor sea la ganancia, mayor será la motivación de invertir.

Hasta Eduardo Artés, desde una vereda ideológica completamente distinta, incomodó a su propio sector al recordar lo obvio cuando se refirió al aumento del salario mínimo: se elevan los costos y los precios terminan subiendo y el poder adquisitivo puede quedar igual o peor. Y por eso, sino me creen, pregúntenle a Artés.

Ojalá esta disminución del impuesto a las empresas no sea aislada, sino el inicio de una senda tributaria distinta. Que avance también hacia otros impuestos que castigan el esfuerzo. Como el fin a las contribuciones de la primera vivienda para mayores de 65 años que propone el Presidente, aliviando a quienes pagaron sobradamente el derecho a vivir en su casa propia.

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Y que la misma lógica alcance también al IVA, o al menos que vuelva con fuerza la discusión sobre su rebaja. Si el Estado busca sanarse, debe devolver oxígeno a las personas, a los emprendedores y a la clase media y dejar de mirar cada bolsillo como una fuente permanente de recaudación, castigando al ciudadano por cada cosa que hace por sí mismo.

Decir que la disminución del impuesto a las empresas solo beneficia a los más ricos es la vieja mentira de una izquierda a la que no le interesa aprender y prefiere continuar con la manía de dividir, de volver siempre a sus dogmas y presentar toda discusión como una lucha. El verdadero conflicto no está con las empresas -si son las que generan riquezas y empleo-, sino con un Estado acaparador y egoísta, que pretende copar todos los ámbitos posibles.