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Cualquier disminución de las tarifas impuestas por el Estado funciona, en la práctica, como un "préstamo" que las concesionarias otorgan y que debe ser devuelto para asegurar el retorno de sus inversiones.
Es recurrente que, ante problemas económicos que golpean a los sectores medios, surjan propuestas como rebajar las tarifas de peajes en las autopistas para aliviar los bolsillos. Sin embargo, estas medidas pueden transformarse en una “mala idea”, con efectos severos para el país.
Hoy está en discusión un proyecto de ley en el Congreso para poner fin a la sanción por no usar el TAG. Esta decisión solo incentiva la evasión, un problema que ya aqueja al sistema de concesiones. La Asociación Público-Privada se fundamenta en la estabilidad de los compromisos. Si el Estado flexibiliza las reglas de cobro —cuya gestión asume el privado—, debería ser el propio Estado quien asuma la diferencia financiera resultante.
Por otro lado, pretender mitigar el alza de las bencinas mediante rebajas en los peajes es problemático: Primero, genera una expectativa de ahorro que podría verse defraudada si no se llega a acuerdos sólidos con las concesionarias. Y segundo, produce un aumento de la demanda que derivará en mayor congestión, aumentando el malestar de los usuarios de las autopistas.
Otro punto crítico es la equidad. Aunque el automóvil ya no es un bien de lujo, su uso habitual sigue concentrado en los sectores de mayores ingresos. Una rebaja generalizada de peajes resulta ser una medida altamente regresiva desde el punto de vista distributivo.
Cualquier disminución de las tarifas impuestas por el Estado funciona, en la práctica, como un “préstamo” que las concesionarias otorgan y que debe ser devuelto para asegurar el retorno de sus inversiones. Las opciones para saldar esta deuda son complejas.
Una opción sería compensar a las empresas por la vía de “Aportes directos del Estado”. Esto tendría efectos presupuestarios difíciles de medir, con un impacto incierto en el presupuesto nacional, el que ya está restringido.
Otra alternativa sería compensar a las empresas extendiendo los plazos que tienen los contratos. Esto no impacta el presupuesto hoy, pero altera las “reglas del juego” y la credibilidad del sistema. Estas inversiones se financian mediante bonos o fondos institucionales que dependen de flujos constantes.
Alterar esto requiere de explicaciones que no siempre son debidamente comprendidas por las agencias de financiamiento necesarias para solventar los niveles de inversión que el país requiere.
Probablemente -si hubiera recursos disponibles- sería mejor invertir recursos en obras adicionales para optimizar un servicio que tiende a la saturación.
El uso de las autopistas es una decisión voluntaria de quienes valoran el servicio que estas prestan. Ejercer la facultad de cobrar por su uso es un deber que es necesario ejercer con rigor, de modo de no seguir premiando la transgresión.
Por otra parte, alterar las tarifas por razones políticas o coyunturales debilita la competitividad y la confianza en un sistema que, a pesar de sus desafíos, ha respondido al crecimiento de la demanda.
Antes de anunciar rebajas debemos preguntarnos si estamos dispuestos a sacrificar la calidad futura de los servicios y la seriedad institucional del país por un alivio momentáneo y mal enfocado.
