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Los gremios de la salud hemos sido claros: este no es el camino.
El sistema de salud pública en Chile no está en condiciones de resistir un nuevo golpe. Y, sin embargo, el gobierno del presidente José Antonio Kast evalúa un recorte presupuestario del 3% para el año 2026 que, de concretarse, significa un impacto directo en la atención de millones de personas a lo largo del país.
No estamos hablando de cifras abstractas. Estamos hablando de un sistema que atiende a más de 15 millones de usuarios y usuarias, que ya opera al límite de sus capacidades humanas, técnicas y logísticas.
Un sistema sostenido día a día por trabajadores y trabajadoras que enfrentan listas de espera en aumento, sobrecarga laboral y una demanda creciente que no da tregua. Trabajadores y trabajadoras que hasta hace un tiempo eran calificados como héroes por su labor en la pandemia.
El ajuste proyectado —que bordea los $517 mil millones— pretende aplicarse sobre una red asistencial que ya se encuentra tensionada al extremo. Basta mirar lo ocurrido en 2025, cuando fue necesario inyectar más de 2,6 billones de pesos adicionales para evitar su colapso.
Esa cifra no es anecdótica: demuestra que el financiamiento actual no solo es insuficiente, sino estructuralmente deficitario. Súmele el efecto inflacionario del alza de los combustibles, un cóctel perfecto para profundizar la crisis del sistema público de salud.
Resulta muy preocupante que la ministra de Salud, May Chomalí, haya señalado que este recorte no afectará la atención de las personas. Esa afirmación no resiste análisis. No es posible reducir recursos en un sistema que ya funciona en condiciones de alta fragilidad sin generar consecuencias directas en la calidad, oportunidad y acceso a la atención.
La evidencia es clara: menos recursos significan más listas de espera, mayor deterioro en las condiciones de atención y una sobrecarga aún más crítica para quienes sostienen el sistema. Hoy, incluso sin recortes, los recursos disponibles apenas permiten proyectar la operación de hospitales y centros de salud por cerca de 10 meses. ¿Qué ocurrirá entonces si se concreta esta disminución?
El sistema público no es una cifra más en una planilla Excel de los equipos del Ministerio de Hacienda. Es el lugar donde se atiende la gran mayoría de la población del país, cerca del 80%. Es donde se resuelven urgencias, se acompañan enfermedades crónicas y se sostiene, en definitiva, el derecho a la salud de Chile.
Por eso, desde los gremios de la salud hemos sido claros: este no es el camino. El recorte no solo es imprudente, es derechamente un golpe final a un sistema que ya se encuentra en una situación crítica.
La salud es una variable de ajuste. No puede seguir siendo el espacio donde se aplican recortes sin medir sus consecuencias humanas y sociales. Fortalecer la salud pública no es una opción ideológica, es una necesidad urgente.
El llamado es claro: el Gobierno debe reconsiderar esta decisión y abrir un espacio de diálogo real con quienes conocemos el sistema desde dentro. Persistir en esta medida no solo tensionará aún más la red asistencial, sino que terminará afectando directamente a millones de personas.
Se requiere responsabilidad. Porque cuando se recorta en salud, no se ajustan números: se ponen en riesgo vidas.
