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La pregunta de fondo es inevitable: ¿por qué, si en 2022 se optó por proteger, hoy se decide exponer? No es el mercado el que cambió de manera radical, es la voluntad política la que se ha modificado.
En marzo de 2022, el mundo vivía uno de los momentos más críticos en materia energética. La guerra en Europa disparaba el precio del petróleo por sobre los 100 dólares el barril, generando incertidumbre global y presión inflacionaria en prácticamente todas las economías. Chile no fue la excepción. Sin embargo, en ese momento existía una decisión política clara: amortiguar el golpe. El Estado, a través del MEPCO, asumía parte importante de la volatilidad para evitar que las familias y los trabajadores pagaran de inmediato el costo total de la crisis.
Hoy, en marzo de 2026, el escenario internacional no es necesariamente más grave que entonces. De hecho, el precio del barril ha estado en rangos similares o incluso inferiores al 2022. Pero la diferencia no está en el mercado, está en la decisión política. El reciente anuncio de no aplicar el MEPCO marca un punto de inflexión: el presidente Kast retira al Estado como amortiguador y deja que el impacto llegue directo al bolsillo de las personas.
El resultado es evidente y brutal. En cuestión de días, el precio del diésel pasará de bordear los $930 por litro a niveles cercanos a los $1.500. Un salto de más de $500 en una sola semana, la bencina de $1.170 (gasolina 93) a los $1600. No es solo un aumento, es un cambio en el paradigma de como se ve el Estado, esto es el dogma nacido al norte del río Bravo, menos Estado y más mercado.
Algunos intentarán justificar esta decisión desde la técnica, señalando que los precios deben reflejar la realidad internacional, que no tenemos porqué pagar el litro de combustible a precios más bajos que el ciudadano estadounidense (así lo dijo hace unos días el ministro de Hacienda) o que el Estado no puede seguir absorbiendo costos indefinidamente.
Pero gobernar no es solo cuadrar planillas: es tomar decisiones sobre quién paga la crisis. Y en este caso, la respuesta es clara: la están pagando las familias, los transportistas, las pymes, el ciudadano de a pie, ese 58% que votó por este gobierno sin darse cuenta que estaban abrazando el látigo.
La pregunta de fondo es inevitable: ¿por qué, si en 2022 se optó por proteger, hoy se decide exponer? No es el mercado el que cambió de manera radical, es la voluntad política la que se ha modificado. Aquí no hay espacio para evasivas ni tecnicismos: esta es una decisión política del Presidente José Kast.
No es un error, no es un ajuste, es una definición consciente, indolente, injusta y, derechamente, inhumana. Optó por proteger los números de la contabilidad del Estado y abandonó a las familias chilenas a su suerte.
Que no se esconda detrás de informes ni ministros: aquí hay una sola firma y un solo responsable. Porque trasladar el costo de la crisis a quienes ya no tienen cómo absorberla no es gobernar, es desentenderse de la realidad del país.
Cuando el pan suba, cuando la feria se vuelva impagable y cuando el sueldo simplemente no alcance, no será una discusión económica: será el reflejo de una decisión política brutal e inhumana de un presidente que prefiere hacer sufrir a todo un país antes de claudicar en su purismo neoliberal.
No nos confundamos no existe relato que aguante. El gobierno de Kast subió la bencina y el Diesel será el presidente quien tendrá que mirar de frente al país y hacerse cargo, sin excusas ni terceros. Porque esta crisis no es abstracta, José Kast, tú eres el único responsable.
