Decretos de medio ambiente, delicado equilibrio

El reciente anuncio del presidente Kast sobre el retiro y la revisión de 43 decretos medioambientales que habían sido ingresados a la Contraloría por el gobierno anterior, ha abierto un debate que trasciende lo técnico para instalarse de lleno en el corazón del modelo de desarrollo que Chile desea proyectar.

Importante es señalar que una de las aprehensiones en el tema, es el hecho de que 21 de estos decretos ingresaron en marzo de este año y 13 lo hicieron el día antes del cambio de gobierno.

En este escenario, parece de toda lógica que el gobierno del presidente Kast considere desprolija la forma en que tres cuartas partes de esos decretos fueron manejados. Es razonable e incluso necesario que el Ejecutivo disponga revisar actos administrativos, cuando existen dudas sobre su calidad técnica, su coherencia normativa o la oportunidad política de su tramitación, especialmente cuando se trata de iniciativas impulsadas en la recta final de un mandato, y así despejar la sospecha de decisiones apresuradas o con escaso debate.

Estimamos que forma parte del deber de todo gobierno, asegurar la calidad de las políticas públicas que ejecuta, por lo que la decisión que tomaron las nuevas autoridades no debiera sorprender a nadie. Un decreto que no ha sido suficientemente socializado; que presenta inconsistencias técnicas o que no ha considerado adecuadamente sus efectos económicos y sociales, difícilmente puede aspirar a una implementación exitosa.

El hecho de que el tema medioambiental está dentro de las primeras decisiones que tomó el presidente José Antonio Kast el mismo día en que asumió el mando de la nación, es una clara muestra de preocupación del gobierno de generar “una institucionalidad más simple, más moderna y sustentable para todos los actores” tal como lo señaló la ministra de Medio Ambiente.

Una señal evidente de la preocupación del presidente respecto del tema es que dispuso que ese Ministerio trabajara en conjunto con el Ministerio de Hacienda, en un plazo de 90 días para destrabar 51 iniciativas que están paralizadas en el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental SEIA, lo que mantiene detenidas inversiones por 16.000 millones de dólares.

En términos formales, la revisión de decretos puede ser entendida como un ejercicio legítimo de gobernanza. Ninguna normativa debiera considerarse intocable si existen antecedentes de que su diseño o implementación podría mejorarse. La pregunta clave, sin embargo, no es si revisar, sino cómo, con qué criterios y bajo qué principios orientadores.

En materia ambiental, estas definiciones no son neutras: impactan directamente en la calidad de vida de las personas, en la certeza jurídica de los proyectos de inversión y en la preservación de recursos naturales que son, en muchos casos, irreemplazables.

Nuestro país ha construido, durante décadas, un entramado regulatorio que, con falencias evidentes, igual ha permitido avanzar hacia estándares más exigentes en evaluación ambiental, protección de biodiversidad y control de emisiones.

Parece importante entonces que, si se quiere alterar ese marco, debe hacerse con una narrativa clara y con mecanismos robustos de participación, para evitar eventualmente, generar incertidumbre tanto en las comunidades como en el sector productivo.

Por otra parte, también es cierto que la regulación ambiental no puede permanecer estática. Existen decretos que han sido cuestionados por su falta de actualización técnica; por vacíos en su aplicación o por generar distorsiones en determinados sectores. En ese sentido, una revisión bien conducida podría transformarse en una oportunidad para fortalecer la institucionalidad, modernizar criterios y mejorar la eficacia de las normas.

Desde el Ejecutivo se ha señalado que la revisión busca corregir posibles excesos regulatorios, otorgar mayor certeza jurídica y evitar trabas innecesarias a la inversión; argumentos que fueron explicitados incluso en la campaña presidencial. Este enfoque, centrado en la reactivación económica, encuentra eco en sectores productivos que han advertido sobre la complejidad y dispersión normativa, como un obstáculo para el crecimiento.

Sin embargo, es importante cautelar que no se produzca un retroceso en estándares ambientales que el país ha construido en décadas, pero al mismo tiempo que la ciudadanía entienda que no se trata únicamente de proteger ecosistemas, sino también de asegurar la competitividad de Chile en un mundo que, por lo demás, penaliza crecientemente las prácticas extractivas sin resguardo ambiental.

Creemos que esta decisión de retiro y revisión de los decretos en cuestión era absolutamente necesaria, no sólo para que éstos estén efectivamente alineados con la normativa vigente y con los equilibrios que se necesitan entre el desarrollo económico y el cuidado ambiental.

Es propio de las sociedades democráticas evaluar regularmente esos equilibrios y no tenemos dudas que la nueva autoridad ministerial y su equipo, están plenamente preparados para evaluar los decretos señalados desde todos los ámbitos necesarios y dentro del plazo dispuesto.