Día de la Discapacidad: ¿Y después de la Teletón, qué?

Cada 3 de diciembre vuelve la misma incomodidad. ¿Cómo puede ser que en un país donde el 17,6% de las personas adultas vive con discapacidad, la inclusión laboral siga siendo excepción y no norma? El fin de semana muchas empresas donaron a la Teletón. Felicitaciones. Ahora es momento de cumplir con la ley.

Han pasado siete años desde que entró en vigencia la Ley 21.015, que obliga a empresas y organismos públicos con más de cien trabajadores a reservar al menos un 1% de sus puestos.

Y, aun así, hemos avanzado poco desde el punto de partida. En enero de 2025, solo el 30% de las empresas obligadas informó cumplir. No es una cifra de transición. Es la manera en que hemos aprendido a normalizar el incumplimiento.

Los números no dejan margen para conformarse. En 2024 había 11.620 empresas sujetas a la ley, pero apenas 4.277 reportaron cumplimiento. Eso es el 36,4% que en 2025 subió a 48%. La foto del sector privado es mala, pero el espejo del Estado es peor. Solo un 15% de los organismos públicos llega a la cuota, ¿el promedio?, apenas un tercio cumple. Por eso el aumento al 2%, aprobado en 2024, quedó en pausa hasta alcanzar un 80% de cumplimiento del 1%.

Dicho en corto: no subimos el estándar porque ni siquiera hacemos lo mínimo. La inclusión aparece como un objetivo opcional, cuando es una obligación exigible.

¿Por qué no se cumple?

Cuando preguntamos por qué no se cumple, la lista se repite. Falta de perfiles, desconocimiento para adaptar puestos, dificultades de reclutamiento.

Pero debajo de esa capa técnica hay un nudo cultural más duro. No es caridad contratar a personas con discapacidad. Es reconocer capacidad y aporte. Sin embargo, todavía hay gerencias que leen la ley como trámite y no como oportunidad productiva.

Por eso ocurren escenas que delatan la miopía. Empresas que piden “cinco ingenieros civiles con discapacidad” para llenar la cuota de una sola vez, como si la inclusión fuera una compra mayorista de credenciales. No lo es. Es un proceso real de apertura, ajustes razonables y crecimiento interno.

Para contrarrestar esas falencias, la normativa entrega como medida alternativa donar a organizaciones que trabajan con discapacidades que son reconocidas por el Ministerio de Desarrollo Social. Aunque la norma dice “donar” no es voluntario es simplemente cumplir con una ley obligatoria.

La fiscalización explica buena parte del estancamiento. La ley contempla multas mensuales de 20 o 30 UTM por cada cupo faltante, según tamaño de empresa. En el papel suena fuerte. En la práctica, solo alrededor de un 1% de las incumplidoras termina efectivamente multada. Por eso la cifra acumulada de sanciones entre 2019 y 2025 no habla de rigor. Habla de impunidad. El cálculo es sencillo para cualquier directorio: sale más barato arriesgarse a no cumplir.

Mirar afuera ayuda a sacudir la resignación. Brasil tiene una cuota escalonada entre 2% y 5%, según tamaño, y fiscaliza de manera sostenida. España exige 2% a empresas desde cincuenta trabajadores y regula las medidas alternativas con estándares claros y control. Ningún modelo es perfecto, pero ambos muestran algo básico. Metas más ambiciosas, vigiladas de verdad y acompañadas de formación pertinente, aceleran el cambio.

La inclusión avanza cuando el Estado regula con exigencia. Y cuando el mercado entiende que diversidad es productividad.

Aquí aparece una confusión chilena que duele. La solidaridad de la Teletón ha sido vital para miles de niños, familias y es una expresión potente de comunidad. Pero es apenas el comienzo. La pregunta es dolorosa: ¿levantarse para qué?. Donar no sustituye el deber de contratar, ni el derecho a un trabajo con salario, trayectoria y reconocimiento.

¿Qué toca ahora?

Primero, fiscalización con dientes y muelas. Más inspecciones, transparencia pública y sanciones que desincentiven el incumplimiento de verdad.

Segundo, el Estado tiene que ordenarse y cumplir. No existe argumento legítimo para exigir al sector privado lo que no se practica en casa.

Tercero, invertir en el cómo. Formación pertinente, ajustes razonables, gestores de inclusión competentes y límites nítidos a las medidas alternativas para que no se vuelvan la salida fácil.

La inclusión laboral no es un favor ni un tema de calendario. Es productividad para el país y justicia para millones de personas que hoy siguen afuera. Si Chile quiere avanzar al 2%, el paso previo es cumplir el 1% ahora, sin excusas y con consecuencias reales.

El 3 de diciembre debiera servir para eso. Para dejar de aplaudir intenciones y empezar a exigir derechos. Y la Teletón para dejar de ser un encuentro de abrazos por cumplir con una meta, sino también recordarnos que mientras celebramos la ley está a años de cumplirse.