No basta con apagar el celular: tenemos que encender una conversación seria y amplia sobre el futuro digital de las nuevas generaciones.

En la última década, la presencia de tecnologías digitales en la vida de niñas y niños se ha vuelto ubicua. Pese a las recomendaciones, las pantallas ya están acompañando procesos de juego y aprendizajes desde edades tempranas, y nuestro país aún no aborda estas realidades con la profundidad y contundencia que merecen.

Los riesgos son reales y crecientes: exposición a contenidos nocivos, ciberacoso, pérdida de privacidad, adicción al uso de dispositivos, abuso sexual infantil, entre muchos otros. También surgen nuevas amenazas como el uso malicioso de herramientas de inteligencia artificial que pueden facilitar el engaño, desinformación, y victimización de niños, niñas y adolescentes.

Datos recientes indican que uno de cada cinco niñas y niños ha sufrido violencia digital en Chile. En el mundo, durante 2024, uno de cada ocho. La respuesta social a estos peligros ha tendido a centrarse en medidas inmediatas y comprensibles como la restricción o prohibición del uso de celulares en colegios, y la creación de nuevos delitos relacionados con delitos digitales. Si bien estas acciones son muy necesarias, no pueden constituir el centro de nuestra estrategia.

Chile necesita una política pública mucho más integrada. Mirar con atención lo que ha venido construyendo Europa con sus legislaciones, y el abordaje de “Better Internet for Kids” (BIK+), es una oportunidad. Esta hoja de ruta no se limita a sancionar o restringir, sino que busca habilitar un entorno digital más seguro, inclusivo y empoderador para la infancia.

BIK+ articula acciones que involucran a los niños, sus familias, las escuelas, los reguladores y, crucialmente, a la industria tecnológica. Esto, al mismo tiempo de educar en ciudadanía digital a niños y niñas –respetando recomendaciones sobre edades de acceso a pantallas-; fortalecer las capacidades de madres, padres y docentes –partiendo por la propia escuela de sus hijos- para acompañar a los estudiantes en su interacción y salvaguarda digital; exigir a las plataformas estándares más altos de seguridad y diseño centrado en la infancia, y promover un ecosistema donde las tecnologías digitales —incluyendo la inteligencia artificial— se usen para potenciar derechos y desarrollo, no para restringirlos ni ponerlos en riesgo.

Además, debemos comprometernos con una premisa fundamental: niñas, niños y adolescentes no solo son objetos de protección, sino sujetos de derechos. Cualquier estrategia que pretendamos construir debe considerar su voz, sus opiniones y su experiencia directa como usuarios activos del entorno digital. Solo así podremos diseñar políticas públicas alineadas con el cuidado a la vez que participativas y sostenibles.

La digitalización de la infancia no es un fenómeno que podamos revertir. Lo que sí podemos —y debemos— hacer, es asegurarnos de que esa experiencia considere y respete los tiempos de la niñez, sus derechos, siendo al mismo tiempo segura y enriquecedora. No basta con apagar el celular: tenemos que encender una conversación seria y amplia sobre el futuro digital de las nuevas generaciones.